El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

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ierno, un modelo insular, con base en el Impuesto sobre la Propiedad y un modelo latino, en el que existe una miscelánea de impuestos. La gestión de servicios públicos en España presenta cierta tendencia a la descentralización a medida que se incrementa el tamaño del municipio. A fin de mejorar la eficiencia, es aconsejable que los procesos de externalización vengan acompañados de mecanismos de simulación de competencia. De igual modo, es preciso articular instrumentos de control que eviten el deterioro de la calidad de los servicios públicos y la equidad en su prestación, así como la elusión de la normativa de estabilidad presupuestaria. La regulación de la financiación local en España ha pasado por diversos avatares a lo largo de los años que han seguido a la aprobación de nuestra Constitución. Como hitos especialmente relevantes podemos destacar la asunción por parte de los gobiernos locales de los antiguos impuestos de producto en 1979, tras la implantación del IRPF en la esfera estatal; la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales en 1983, con los intentos de generar autonomía en el ámbito local; la entrada en la CEE, en 1985, con la aplicación del IVA en sustitución del IGTE y sus consiguiente efectos sobre el impuesto municipal de gastos suntuarios y en la financiación provincial; la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1988, que sienta las bases del actual modelo de financiación local; la normativa de Estabilidad Presupuestaria, en 2001, que endurece las condiciones para el acceso al crédito de las Administraciones Públicas (incluidas las locales) y, finalmente, la Ley de Reforma de la LRHL de 2002, que suprime el IAE para el 90% de los contribuyentes y cambia sustancialmente el modelo de transferencias intergubernamentales. De cara al futuro, se proponen dos opciones alternativas para fundamentar un modelo estable de financiación, ante los cambios normativos y competenciales que se avecinan. Una primera opción, que denominamos reformista o continuista, supondría mantener el esquema de financiación local establecido en 1988 por la LRHL, cuyos elementos centrales son la presencia del IBI, del IAE y las cargas sobre el usuario (tasas y precios públicos fundamentalmente) en la fiscalidad local, y la PIE como elemento de cierre del sistema. La propuesta incluye el mantenimiento del IBI, con cambios en el sistema de valoración de la propiedad, la recuperación de un IAE renovado que grave a profesionales y empresarios sobre bases objetivas, el trasvase del Impuesto sobre Vehículos a las Comunidades Autónomas y su sustitución por compensaciones financieras, la potenciación del recurso a las cargas directas sobre el usuario en forma de tasas y precios públicos y la vuelta atrás del sistema de transferencias, eliminando la dualidad introducida por la ley de reforma de 2002, corrigiendo progresivamente los errores de salto en las ponderaciones de la población, individualizando y mejorando técnicamente la definición de capacidad fiscal y suprimiendo cualquier referencia la esfuerzo fiscal, dados los niveles de corresponsabilidad alcanzados por los gobiernos locales, cerrando el modelo con el despliegue definitivo de participaciones locales en ingresos de las Comunidades Autónomas. Alternativamente, la otra opción, que denominamos innovadora o rupturista, implicaría modificar sustancialmente las bases de financiación modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales 77
del conjunto del sector público territorial, utilizando como idea-base de partida el hecho de que, dado que todas las Administraciones Territoriales forman parte del mismo Sector Público y las fuentes de las que se puede obtener recursos son limitadas, los rendimientos de las grandes figuras tributarias (básicamente IRPF e IVA) deberían ser compartidas por todos los niveles de gobierno. La propuesta concreta se diferencia, además, de la anterior en la cesión a los gobiernos locales de capacidad normativa sobre el IRPF, la integración del IAE mediante cláusulas de deducción con los impuestos sobre renta y sociedades y el establecimiento de mecanismos explícitos de nivelación mediante la coordinación de PIE y PICAs, al objeto de aprovechar las ventajas comparativas de estas últimas en la definición de indicadores ajustados de necesidad. 78 modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales
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