El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

directamente autocontrolables, es decir requiere discrecionalidad y corresponsabilidad
fiscal, idea esta última que desarrollaremos más adelante.
Sin embargo, la capacidad de actuación de los gobiernos locales sobre las
bases tributarias no es ilimitada. De hecho, la posición mayoritaria en la literatura
sobre federalismo fiscal desaconseja que estos gobiernos incidan sobre tributos
personales con tipos progresivos, sobre bases muy desigualmente distribuidas
en el territorio o sobre hechos imponibles cuyo gravamen suponga la
exportación de la carga tributaria fuera de su jurisdicción. En suma, se sugiere
que la fiscalidad local se circunscriba al gravamen de bases con poca capacidad
de movilidad interjurisdiccional (imposición sobre la propiedad, preferentemente),
por cuanto se considera indeseable la generación de incentivos a la
movilidad por motivos fiscales 23 .
En consecuencia, el seguimiento estricto de estas directrices llevaría a mantener
las bases imponibles más amplias (las que generan mayor capacidad recaudatoria)
y las que reparten la carga tributaria sobre bases más equitativas o
adecuadas a la capacidad de pago en manos de gobiernos diferentes a los locales,
lo que abriría brechas importantes entre las necesidades locales de gastos y
su capacidad fiscal propia que deberían ser cubiertas por otros instrumentos de
financiación.
2.3.3. Contribuyentes actuales sin base territorial
23 Nótese que este tipo de argumentos no son suscritos
por los teóricos de la elección pública, para quienes la
competencia fiscal y la movilidad inducida son «bienes»
a proteger y no «males» a erradicar.
24 Decimos «en buena medida» y no «totalmente» porque
generalmente las instituciones de las que proceden
estas transferencias son administraciones (gobiernos
regionales, gobierno central o gobierno supranacional)
cuyo territorio comprende también el de la localidad
receptora, de modo que una parte de la financiación
de dichas administraciones es soportada por
residentes en ella.
Las transferencias intergubernamentales constituyen en la práctica de la financiación
local instrumentos esenciales para complementar la financiación
de los servicios públicos. Los costes así financiados se externalizan, de modo
que, en último término, recaen en buena medida sobre contribuyentes ajenos a
la jurisdicción encargada de proveerlos 24 .
Varias son las razones que, desde un punto de vista teórico justifican esta
externalización de la financiación local.
Por una parte, no siempre es posible identificar a los beneficiarios de los servicios
públicos en un sentido territorial, por cuanto los citados beneficios pueden
verse desparramados más allá de las fronteras de las jurisdicciones que los
suministran. Piénsese por ejemplo en la provisión de infraestructuras de carácter
comercial o cultural que pueden actuar como elementos de atracción hacia residentes
en comunidades fronterizas, los cuales se verían beneficiados de tales servicios
sin asumir coste alguno por su provisión. En ausencia de instrumentos que
permitan identificar plenamente a los usuarios de los servicios públicos, y fallando
por lo tanto la aplicación estricta del principio del beneficio en la financiación
de tales servicios, una manera de internalizar parcialmente estos costes externos
sería financiarlos a través de tributos recaudados por un nivel superior de la administración
y distribuidos en forma de subvenciones entre las comunidades encargadas
de suministrarlos. La finalidad específica de estas transferencias requeriría
en buena lógica el carácter condicionado de estas subvenciones, las cuales
deberían ser destinadas a programas concretos de gasto.
Por otra parte, pudiera darse el caso de que una autoridad pública deseara
imponer sus preferencias en un territorio concreto o incentivar mediante subvenciones
la provisión de determinados servicios en el mismo. Esto podría suceder
por motivos paternalistas, entendiendo el ente subvencionador que está
en mejores condiciones para conocer las verdaderas necesidades del ente subvencionado
en relación con las cantidades de bienes o servicios públicos que
modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales 37