El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

25 Véase González-Páramo (2003).
dría llevar a modificar las conclusiones, al introducir factores de arbitraje que
alterarían la equidad interterritorial.
Es interesante subrayar que la visión anterior conduce a establecer un principio
de afectación para la deuda, que estaría conectada a la realización de inversiones,
pero no establece por sí misma un límite al endeudamiento. En principio
y respetando este criterio, un gobierno local podría tener tanto un nivel
de endeudamiento alto como bajo. El resultado final, en cuanto al nivel de deuda,
dependerá más bien del tipo de competencias descentralizadas. Así, cabría
esperar que los gobiernos locales estuvieran más endeudados si se descentralizan
competencias como las carreteras, la vivienda y las infraestructuras, que
exigen grandes inversiones, que si se descentralizan importantes servicios públicos
como la sanidad o la educación, que suponen sobre todo gasto corriente.
La solución a los problemas apuntados de equidad inter e intrageneracional,
y su resultante de apelación a la emisión de deuda por parte de los gobiernos
locales lleva a tener en cuenta los posibles conflictos entre las actividades de
asignación y estabilización. Dado que la función de asignación obliga a utilizar
de modo coordinado la política fiscal y la monetaria, se debe planear conjuntamente
toda la política de endeudamiento del Sector Público, porque de otro
modo la política de endeudamiento de las autoridades locales puede interferir
con la política de estabilización del gobierno central. Por lo tanto, en la concepción
clásica del Federalismo Fiscal el uso de la deuda queda limitado a la financiación
de proyectos de inversión cuyos beneficios se dilatan en el tiempo, y su
empleo debe coordinarse dentro del marco general de la política de estabilización.
En este sentido, los requisitos de convergencia para la integración de España
en la primera fase de la Unión Económica y Monetaria primero, y los del
Plan de Estabilidad y Crecimiento después, que hacen responsables a los gobiernos
centrales de su cumplimiento, aún cuando los déficit o deudas pudieran
proceder de gobiernos subcentrales, y también, por qué no decirlo un cierto
punto de fundamentalismo económico por parte de los responsables del
gobierno central del momento impulsaron a éste a proponer primero y a aprobar
en sede parlamentaria después sendas leyes de Estabilidad Presupuestaria,
mediante las que se endurece el acceso al crédito para todos los niveles de la administración,
añadiéndoles el requisito de estabilidad presupuestaria, entendido
en términos de ausencia de déficit. Esta nueva regulación ha venido a convertirse
en un corsé autoimpuesto, a la par que incorporado al resto de las
administraciones territoriales que han visto de esta manera endurecida su restricción
presupuestaria. A estas alturas, pocos son, si alguno, los economistas
solventes que fían a la presencia de déficit continuados el logro de objetivos de
expansión económica. Sin duda los efectos inflacionarios y las tensiones sobre
los tipos de interés originados por políticas presupuestarias laxas pueden suponer
más un riesgo cierto que una ayuda al crecimiento económico, a la vez que
dificultan la perceptibilidad por parte de los ciudadanos del coste verdadero de
los servicios que se les prestan. Aumentar la transparencia y la credibilidad de
las políticas presupuestarias aparecen así como algo loable y sin duda, en tanto
que objetivos explícitos de la normativa de Estabilidad Presupuestaria, suponen
una línea de defensa de la misma 25 .
Sin embargo, y en aras a esa transparencia y credibilidad de las políticas
presupuestarias no parece adecuado instrumentarlo sobre la base de un generalista
«café para todos», haciendo tabla rasa del pasado y dando la misma resmodelos
de gestión y financiación de los servicios públicos locales 41