El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

57 Véase Dafflon (1999).
guras tributarias, pero, como hemos indicado en la sección 3.2, carecen de libertad
para determinar mediante la aplicación de tipos impositivos u otras
capacidades normativas la cuantía de esa participación.
Alternativamente, si entendemos que la corresponsabilidad fiscal es algo
digno de ser estimulado, en la medida en que mejora el proceso de rendición de
cuentas de los responsables políticos, al identificar ante sus ciudadanos la «factura
fiscal» correspondiente a sus realizaciones en materia de asignación del
gasto público, deberíamos concederles a esos gobiernos la facultad de modular
el volumen de sus ingresos, permitiéndoles al menos variar los tipos impositivos
de los tributos relevantes. El caso suizo supone quizás el ejemplo más paradigmático
de autonomía local, si bien ésta difiere ampliamente entre cantones
57 . Una posición ecléctica consistiría en permitir a los gobiernos locales un
ejercicio moderado de capacidad normativa sobre algunos tributos estableciendo
unos topes o límites tanto en la cuantía máxima y mínima de los tipos a
establecer como a la capacidad de conceder beneficios fiscales.
Respecto a la segunda de las cuestiones, la experiencia internacional nos indica
que allí donde existen países federales, con tres niveles de gobierno, el peso
del nivel intermedio en la regulación y financiación de los gobiernos locales es
ampliamente superior al que existe en España, por lo que si de verdad nos creemos
las ventajas de la descentralización e, incluso, el principio de subsidiariedad
consagrado por la Carta Europea de Autonomía Local y tantas veces invocado
en otros asuntos, deberíamos dejar aparcadas las reticencias al desarrollo
de los poderes autonómicos e impulsar sus competencias en este sentido.
Una propuesta de organización tributaria sobre estas bases podría ser la
siguiente:
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sería compartido por
los tres niveles de gobierno de forma tal que la base imponible sería la
misma para todos los gobiernos; la Administración Central, responsable
última de las políticas redistributivas fijaría el nivel de progresividad de
la tarifa y las deducciones personales; las Comunidades Autónomas podrían
establecer libremente un tipo proporcional sobre la base y, en su
caso, aplicar deducciones por incentivos; Finalmente, las Corporaciones
Locales (municipios y diputaciones) establecerían también tipos proporcionales
sobre esa misma base, dentro de unos límites inferior y superior
fijados legalmente.
El Impuesto sobre el Valor Añadido sería también compartido por los
tres niveles de gobierno, pero en este caso la capacidad normativa debería
quedar reservada a la Administración Central, a efectos de evitar exportaciones
impositivas entre territorios. La distribución de la recaudación
entre Administraciones se haría en función del peso relativo de las
competencias de gasto de cada nivel y la distribución interna, atendiendo
a criterios de distribución territorial del consumo, siempre que ello
fuera posible técnicamente.
La fiscalidad local se vería completada por un IBI similar al actual, con la
gestión catastral descentralizada y un Impuesto sobre Actividades Económicas
modificado al objeto de hacer sus bases más próximas a sus resultados
económicos e integrado mediante cláusulas de deducción con
los impuestos sobre la renta y sociedades. El Impuesto sobre Vehículos
quedaría en la esfera autonómica, junto con (o integrado en) el Impuesto
de Matriculación y los impuestos actualmente potestativos desaparemodelos
de gestión y financiación de los servicios públicos locales 73