El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

12 En el ámbito de la gestión directa, nuestro ordenamiento
jurídico contempla una fórmula de gestión a caballo
entre el organismo autónomo y la sociedad mercantil
con capital íntegramente público. Las Entidades
Públicas Empresariales Locales, introducidas como novedad
en la versión de 2003 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local (art. 85.2.A, letra c), se definen
como organismos públicos a los que se encomienda
la prestación de servicios públicos susceptibles de
contraprestación. Se rigen por el derecho privado, a
excepción de algunos temas, tales como la formación
de la voluntad de sus órganos o los aspectos presupuestarios
(Sosa Wagner, 2004). Adicionalmente, también
nos topamos con las Fundaciones, definidas como organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por
voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero
su patrimonio a la realización de fines de interés
general, disfrutando, en relación a aquel, de amplia autonomía
de gestión.
13 Una modalidad indirecta relativamente cercana a la
concesión es el arrendamiento. Según esta, la corporación
local alquila instalaciones de su propiedad a una
entidad privada, a fin de que esta lleve a cabo la prestación
del servicio. A pesar de tener muchas características
en común con la concesión, no le son de aplicación
los preceptos relativos al equilibrio económico de
la concesión, con lo que el reparto de riesgos entre la
administración pública y el arrendatario es diferente. Al
cobrar la corporación la contraprestación a los usuarios,
y abonar un precio al arrendatario por su servicio,
los riesgos económicos son asumidos en mayor medida
por la administración local.
dalidades de gestión y el grado de consecución de los objetivos normativos más
frecuentes en el contexto del sector público.
Dentro del ámbito de la gestión directa, las opciones manejadas, ordenadas
de mayor a menor autonomía de actuación, irían desde la prestación por parte
de la propia corporación, sin creación de entidad especial alguna, hasta la prestación
realizada por un organismo diferenciado. La elección de una u otra depende,
básicamente, de las características del servicio y del peso que, en el presupuesto
del ente local, tenga la prestación del mismo. En la categoría de entes
diferenciados, se enmarcarían los organismos autónomos locales y las sociedades
mercantiles de participación pública exclusiva.
Los organismos autónomos constituyen entidades de derecho público con
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de la Hacienda
Local. Se encargan de la organización y administración de un servicio público
determinado, así como del manejo de la financiación asignada al mismo. Este
modelo permite a la corporación ganar autonomía en la gestión del servicio, si
bien su sujeción al derecho público la hace menos flexible que la iniciativa
privada.
Por otra parte, las sociedades mercantiles actúan conforme a las disposiciones
legales mercantiles. Esta es una de las diferencias que presenta respecto a los
organismos autónomos. A pesar de que se mantienen algunos controles internos
y externos sobre la actividad financiera y de gestión, se gana en flexibilidad,
aunque teniendo siempre en cuenta que la gestión no se rige, como norma fundamental,
por el objetivo de la maximización del beneficio 12 . En ocasiones, representan
un paso previo con vistas a la externalización del servicio (Torres y
Pina, 1997; Lapsey, 1998).
Respecto a los métodos de gestión indirecta, vamos a detenernos en explicar
más pausadamente cuatro modalidades fundamentales: la concesión, la
gestión interesada, el concierto y la sociedad mercantil mixta. Todas ellas tienen
en común la mayor flexibilidad de la que disponen a la hora de gestionar
sus recursos, si bien una de las diferencias más destacables que existe entre ellas
radica en el distinto reparto de riesgos económicos derivados de la explotación.
Comenzando por la concesión, se trata de un método de gestión indirecta
de servicios públicos mediante el cual la administración local otorga, bajo el
cumplimiento de ciertas condiciones, a una empresa privada las facultades precisas
para la gestión y explotación del servicio, así como la ejecución de las instalaciones
necesarias para ello 13 . En esta tesitura, es el concesionario quien realiza
la explotación, bajo el control de la entidad concedente, compartiendo
ambos los riesgos derivados de la actividad. Llegada a su fin la concesión, los
bienes afectos a la actividad revierten a dicha administración pública (Ezquiaga,
2000). A pesar de la elasticidad que caracteriza a esta fórmula, una de las
más frecuentes en el ámbito de la gestión indirecta, la actividad es objeto de
controles por parte de la administración concedente, a fin de garantizar la prestación
de un servicio de calidad. Luego la concesión permite a los entes locales
desvincularse de la ejecución directa de alguna de sus funciones, manteniendo
al mismo tiempo un control efectivo sobre la actividad.
En lo relativo a la gestión interesada, tan solo destacar que se trata de una
fórmula en la que el gestor se compromete con la administración a la prestación
de un servicio público, contando con la colaboración de ésta, así como con
una retribución mínima derivada de su gestión, a fin de cubrir los gastos de inversión
y explotación. En este caso, la administración pública local y la entidad
privada comparten el resultado de la explotación, de tal forma que si, se produmodelos
de gestión y financiación de los servicios públicos locales 23