El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

ierno, un modelo insular, con base en el Impuesto sobre la Propiedad y
un modelo latino, en el que existe una miscelánea de impuestos.
La gestión de servicios públicos en España presenta cierta tendencia a la
descentralización a medida que se incrementa el tamaño del municipio.
A fin de mejorar la eficiencia, es aconsejable que los procesos de externalización
vengan acompañados de mecanismos de simulación de competencia.
De igual modo, es preciso articular instrumentos de control que eviten el
deterioro de la calidad de los servicios públicos y la equidad en su prestación,
así como la elusión de la normativa de estabilidad presupuestaria.
La regulación de la financiación local en España ha pasado por diversos
avatares a lo largo de los años que han seguido a la aprobación de nuestra
Constitución.
Como hitos especialmente relevantes podemos destacar la asunción por
parte de los gobiernos locales de los antiguos impuestos de producto en
1979, tras la implantación del IRPF en la esfera estatal; la Ley de Medidas
Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales en
1983, con los intentos de generar autonomía en el ámbito local; la entrada
en la CEE, en 1985, con la aplicación del IVA en sustitución del IGTE
y sus consiguiente efectos sobre el impuesto municipal de gastos suntuarios
y en la financiación provincial; la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales de 1988, que sienta las bases del actual modelo de financiación
local; la normativa de Estabilidad Presupuestaria, en 2001, que endurece
las condiciones para el acceso al crédito de las Administraciones Públicas
(incluidas las locales) y, finalmente, la Ley de Reforma de la LRHL de
2002, que suprime el IAE para el 90% de los contribuyentes y cambia
sustancialmente el modelo de transferencias intergubernamentales.
De cara al futuro, se proponen dos opciones alternativas para fundamentar
un modelo estable de financiación, ante los cambios normativos
y competenciales que se avecinan.
Una primera opción, que denominamos reformista o continuista, supondría
mantener el esquema de financiación local establecido en 1988
por la LRHL, cuyos elementos centrales son la presencia del IBI, del IAE
y las cargas sobre el usuario (tasas y precios públicos fundamentalmente)
en la fiscalidad local, y la PIE como elemento de cierre del sistema. La
propuesta incluye el mantenimiento del IBI, con cambios en el sistema
de valoración de la propiedad, la recuperación de un IAE renovado que
grave a profesionales y empresarios sobre bases objetivas, el trasvase del
Impuesto sobre Vehículos a las Comunidades Autónomas y su sustitución
por compensaciones financieras, la potenciación del recurso a las
cargas directas sobre el usuario en forma de tasas y precios públicos y la
vuelta atrás del sistema de transferencias, eliminando la dualidad introducida
por la ley de reforma de 2002, corrigiendo progresivamente los
errores de salto en las ponderaciones de la población, individualizando y
mejorando técnicamente la definición de capacidad fiscal y suprimiendo
cualquier referencia la esfuerzo fiscal, dados los niveles de corresponsabilidad
alcanzados por los gobiernos locales, cerrando el modelo con el
despliegue definitivo de participaciones locales en ingresos de las Comunidades
Autónomas.
Alternativamente, la otra opción, que denominamos innovadora o rupturista,
implicaría modificar sustancialmente las bases de financiación
modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales 77