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Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos - Fundamentos
los potenciales generadores de residuos peligrosos y qué actores (formales e informales) operan en el
manejo de los mismos.
Se debe tener en cuenta que el primer abordaje que se realice para definir el problema en los países o
localidades en las que no exista reglamentación tendrá como principal restricción la falta de información.
Esta restricción hace necesario utilizar métodos de estimación a efectos de contar con un inventario
primario de generación de residuos, para lo cual existen diferentes metodologías. Más allá de las
incertidumbres, el primer inventario permitirá identificar claramente cuáles son las corrientes de residuos
de mayor importancia y los sectores prioritarios a atender.
Las cantidades que reporte dicho inventario estarán sujetas a variaciones importantes, aspecto que
deberá ser considerado a la hora de diseñar las capacidades necesarias para el tratamiento y disposición
de residuos.
La aplicación de la reglamentación específica será un elemento esencial para mejorar el conocimiento
sobre la gestión y generación de residuos.
En esta fase se debe además incorporar la identificación de los actores que intervienen, incluyendo
los actores informales, a efectos de analizar: las condiciones en las que operan, la disposición para el
cambio y las modalidades de relacionamiento. Es importante también analizar desde el punto de vista
social cuál es la percepción del problema de residuos peligrosos e identificar aquellos puntos críticos
a los que habrá que prestar especial atención.
Fase II: Establecimiento de prioridades y metas del Plan
Esta fase involucra la toma de decisiones en base a la definición del problema realizado en la fase I.
Para la definición de prioridades y el establecimiento de metas, se debe tener en cuenta que es
necesario:
Definir criterios para la priorización.
Realizar la definición de prioridades en un ámbito de concertación con los actores clave involucrados en
el sistema, que como mínimo incluye al Estado, las autoridades locales, los generadores, los operadores y
representantes de la sociedad civil.
Que las metas propuestas sean factibles.
Los criterios de priorización deberán tener en cuenta, entre otras cosas, los siguientes aspectos:
La significancia del problema, incluyendo dentro de ésta la magnitud del mismo, el tipo y número de
afectados y la percepción pública sobre el mismo.
La urgencia de atención del problema.
La prevención de problemas futuros.
La oportunidad y la viabilidad de implementación.
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