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Martes 20 de septiembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 53TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Ampelio García Pelayo; Cirila, Matilde Martina,Baudelia, Leonor y Elvira, todas de apellidos García Covarrubias; Crispiniano Peña García; Lucía PeñaGarcía; Alberto García Ruelas; J. Carmen Ramírez Peña; J. Natividad Pelayo Llamas; María Salomé GutiérrezVerdín; Francisco Javier García Peña –también conocido como Javier García Peña-; Enedina García Peña;Emilio y Maribel, ambos de apellidos Martínez Peña; Alberto Villa Peña; Cresencio Gutiérrez Lomelí, todosellos por su propio derecho y en representación de Simón, Nicanor, Cirino, Martina y Lucía, todos de apellidosVilla Peña; María Trinidad Peña Maldonado –también conocido como Ma. Trinidad Peña de Martínez- por supropio derecho y en representación de Marcelino, María Rosa y Victoria, todos de apellidos Peña Maldonado–ésta última también conocido como Victoria Peña de Martínez-; María Dolores Martínez Peña, por su propioderecho y en representación de Lorenzo, Irma Leticia, Luis Jorge y Judith, todos de apellidos Martínez Peña,María de la Luz Peña Maldonado, por su propio derecho y en representación de Nicolás García Peña; en laforma y términos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida…”En el considerando quinto de la ejecutoria de mérito, el Tribunal del conocimiento razonó en la parteconducente lo siguiente:“...En efecto, tal como se sostiene en el pliego de agravios, la decisión que tomó el Juez de Distritode sobreseer en el juicio de garantías, como consecuencia de que no se exhibieron “certificados deinafectabilidad”, o bien, “declaratorias de reconocimiento de pequeña propiedad”; se apoyó en lajurisprudencia 1128, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:“RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS O AMPLIATORIAS DE EJIDOS. JUICIO DEAMPARO PARA RECLAMARLAS. SU PROSCRIPCION…” (se transcribe)Pues bien, este Tribunal Colegiado estima que le asiste la razón a la parte quejosa cuando sostienen quedicho criterio jurisprudencial –en este momento- resulta inaplicable, dado que se refiere a la correctainterpretación que debía dársele a la fracción XIV del artículo 27 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; dicha fracción, si bien es el sustento constitucional de los “certificados de inafectabilidad” aque el Juez de Distrito hace referencia, no menos cierto es que dicha fracción derogada con motivo de lasreformas publicadas el seis de enero de mil novecientos noventa y dos y, en este orden de ideas, resultaincorrecto condicionar el ejercicio de la acción constitucional a la exhibición de los documentos que se revisa,pues actualmente, los pequeños propietarios de tierras agrícolas –incluso aquéllos que sean sujetos delderecho civil- que estimen que los actos o resoluciones de naturaleza agraria afectan sus pequeñaspropiedades, pueden ocurrir ante los Tribunales Agrarios a hacer valer sus derechos, en virtud de que lajusticia agraria es extensiva a todas las fuerzas productivas que integran el campo mexicano, y dichospequeños propietarios, también tienen derechos agrarios que precisan ser garantizados y respetados contracualquier acto que los vulnere.La anterior conclusión es en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 73/98, sustentada por la Segunda Salade la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y suGaceta correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y ocho, página quinientos noventa y cinco, quedice:“TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DEMANDASPRESENTADAS POR PROPIETARIOS DE DERECHO CIVIL DE TIERRAS AGRICOLAS, GANADERAS OFORESTALES, CUANDO LA CONTROVERSIA SEA DE NATURALEZA AGRARIA…” (se transcribe)No pasa inadvertido para este Organo Colegiado, que en la ejecutoria pronunciada el siete de abril de dosmil cinco, en el amparo en revisión 322/2004, se determinó sobreseer en el juicio de garantías por actualizarsela causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo; sin embargo, comose explicó en párrafos precedentes, dicho sobreseimiento no constituye “cosa juzgada”, en virtud de que losactos reclamados en aquél juicio no fueron materia de la ejecutoria al no entrarse al estudio de suconstitucionalidad.Ahora bien, el hecho de que uno de los motivos de improcedencia en el amparo en revisión 322/2004,fuera que los quejosos no acreditaron contar con un certificado de inafectabilidad, ni que los predios quedefendían fueran inafectables, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en unaaislada, además de que no constituye “cosa juzgada”, tampoco constituye una circunstancia que hagainejercitable la acción de amparo de manera improcedencia fue superado por la aludida jurisprudencia 2a./J.73/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En cuanto a esta última conclusión, esto es, que un motivo de improcedencia que no constituye “cosajuzgada” y que tampoco contiene una circunstancia que haga inejercitable la acción de amparo, puede quedarsuperado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una conclusión a la que searriba en aplicación –en lo conducente- de la jurisprudencia 2a./J. 8/2005, sustentada por la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacetacorrespondiente a febrero de dos mil cinco, página trescientos trece, que dice: