LOS DERECHOS DE PESCA EN PERU

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LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU _____________________________________________________________________________ PERU: LOS DERECHOS DE PESCA CIFRAS ESTADISTICAS AL 2014 Lima, noviembre de 2015 Marcos Kisner Bueno Presidente de la Revista Pesca 2
LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU _____________________________________________________________________________ GENERALIDADES MARCO DE REFERENCIA El desarrollo histórico de la pesquería peruana se caracteriza por la marcada orientación hacia la producción de harina y aceite de pescado. Este desarrollo ha estado condicionado principalmente por la abundancia de los recursos pelágicos susceptibles de ser capturados y procesados masivamente, por la gran demanda de piensos y suplementos proteicos en el mercado internacional. Esta marcada orientación hacia la producción industrial de harina y aceite de pescado se refleja en todos los sub- sectores del sector pesquero nacional, y ha influenciado la marcha y el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas, el establecimiento de los sistemas de información y colección de estadísticas, e infraestructuras de apoyo y servicios. El Estado dicta el ordenamiento pesquero en el Perú y tiene por objetivo regular la actividad pesquera y acuícola para promover su desarrollo sostenido y asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. El ordenamiento incluye los mecanismos para generar estabilidad jurídica y económica que aliente a la inversión privada en el sector pesquero. Por su condición de bienes patrimoniales de la Nación, los recursos hidrobiológicos son administrados por el Estado, recayendo el rol institucional del ordenamiento pesquero en el Ministerio de la Producción (anteriormente Ministerio de Pesquería) a través del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, cuya función primordial es velar por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, la conservación del medio ambiente y el desarrollo socio-económico. Asimismo le corresponde velar por el cumplimiento de las normas referidas a la sanidad y calidad de los productos pesqueros, a la seguridad e higiene industrial pesquera y a la preservación del medio ambiente. En esta última área interviene también el Ministerio del Ambiente, que es el órgano rector en materia ambiental. La actividad pesquera y acuícola, para los efectos de su administración, comprende todas las actividades que directa o indirectamente tienen por objeto la utilización de los recursos vivos del mar y de las aguas continentales. El ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos de ordenamiento pesquero (ROP) que tienen por finalidad establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados como unidades diferenciadas. En cuanto a los Gobiernos regionales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, entre las principales funciones en materia pesquera (artículo 52), además de la fiscalización y el control de las normas nacionales, los Gobiernos regionales deben promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades menciona (artículo VI) que los Gobiernos locales deben promover el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, mediante planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y los planes nacionales y regionales de desarrollo. Por lo tanto, existe un rol importante de los Gobiernos regionales y locales para promover el desarrollo regional mediante la actividad pesquera. ORDENAMIENTO PESQUERO VIGENTE La Constitución Política del Perú establece los principios que rigen la propiedad y el acceso a la explotación de los recursos naturales. Así, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su uso (Artículo 66°). También dispone que las condiciones sean establecidas por ley orgánica, para su uso por particulares. Asimismo, el Artículo 67° declara que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 3
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