LOS DERECHOS DE PESCA EN PERU

LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU
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EL MODELO DE GESTION ACTUAL
- No existe en el plano de las pesquerías, un Sistema de Gestión óptimo, es decir que maximice
los objetivos perseguidos con la regulación a un costo mínimo para todos los casos. A cada
pesquería le corresponde un Sistema de Gestión particular.
- Cuando se dispone de técnicas desarrolladas de captura, si no existe regulación, la industria
tenderá a agotar el recurso. No hay mecanismos económicos para detener el proceso. Solo la
decisión política (extraeconómica) puede evitarlo.
- Si queremos evitar el agotamiento del recurso anchoveta, o de cualquier otro, con los efectos
colaterales que puede tener sobre otras especies, hay que buscar las causas y no los efectos
del problema.
- Una causa económica es que a la fecha algunos los recursos pesqueros se entregan a los
industriales a una tasa de derechos de pesca sumamente baja, y otros totalmente gratis.
Algunos recursos como la anchoveta y la merluza generan un pago al Estado por su
extracción, llamado derecho de pesca; Pero el volumen de las exportaciones de harina de
pescado no guarda equidad con el pago que hacen por derecho de pesca de extracción de
anchoveta.
- Si los costos de producción son artificialmente rebajados, por ejemplo, gracias a derechos de
pesca bajos o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen
acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros.
- Por tanto, permanecerán en operación volúmenes de inversión por encima y más allá de un
criterio de eficiencia. En cambio, si se impusiera un royalty o una tasa más alta a los derechos
de pesca por el uso de recursos pesqueros, subirían los costos de producción, y debieran
hacerlo en forma proporcional al ingreso por ventas, al impacto sobre el ecosistema y a la
necesidad de mantener una biomasa estable entendida dentro de un concepto ecosistémico.
- Probablemente un efecto colateral sería la reducción de la flota y de la capacidad productiva,
o su transformación hacia productos de mayor valor agregado, lo cual, además, es un
imperativo.
- Al reducirse las inversiones artificialmente rentables, se reduce la sobre explotación y los
niveles de extracción del recurso, ajustándose hacia niveles de producción capaces de pagar
los costos reales, entre los cuales está el valor económico de la depreciación del capital.
- El sistema de vigilancia y control de la pesquería de anchoveta ha sido entregado a un tercero
y su costo asumido por el administrado. De alguna forma esto indica que el Estado ha
abdicado de su obligación fiscalizadora y la ha entregado al propio administrado. Es evidente
que los recursos fiscales para el pago de un eficiente sistema de control y vigilancia eran y
son insuficientes lo que lleva a la necesidad de tercerizar el servicio; pero en la práctica
resulta que el administrado, es decir el fiscalizado, es quien asume los costos directamente
generándose una duda razonable sobre la imparcialidad del sistema.
- Las otras especies carecen de un sistema de control y vigilancia.
LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEBE PAGAR AL ESTADO UN JUSTO PRECIO
PARA OBTENER EL DERECHO A PESCAR.
- La dificultad está en establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que
ni sea tan grande que acabe con la explotación ni tan pequeño que no haga partícipe del
negocio al país. El Estado debe participar en forma justa y equitativa no solamente en la
rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser resarcido por los impactos
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