LOS DERECHOS DE PESCA EN PERU

LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU
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que la pesquería causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son
independientes de la rentabilidad del negocio.
- Esto tiene que ser entendido en su verdadero contexto. El impuesto a la renta de tercera
categoría es una participación en las utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa
puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para
llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una extracción de
recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce sobre el ecosistema y el
medio ambiente; más aún luego de su procesamiento. Por ese solo acto el Estado merece
una compensación adecuada.
- En lugar de causar pérdidas a la sociedad (contaminación, destrucción de ecosistemas,
costosos programas de ajuste, financiación a un sector en declive, pérdida de recursos, etc.)
debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a
un sector de la sociedad, a cambio de un pago que permite la estabilidad de la explotación.
- Incentivar el crecimiento de la pesquería es fácil, pero aplicar el mecanismo inverso, aunque
sea necesario, es mucho más complejo.
- En parte el problema ahora es político, pero también técnico, jurídico y económico.
- Una idea inexacta es que los armadores, tanto artesanales como industriales, actúan
responsablemente porque su negocio depende de la existencia permanente del recurso
natural, en consecuencia, actuarán responsablemente y no ejercerán presiones excesivas
sobre los recursos.
- Pero esta lógica sólo se puede adjudicar a los pescadores artesanales, cuya existencia, así
como la subsistencia de su negocio como tal, dependen efectivamente de la productividad del
ecosistema marino. Entonces, es posible esperar comportamientos racionales en este tipo de
armadores, aunque no de todos obviamente ya que siempre habrá excepciones. El concepto
es válido y aplicable a todas las pesquerías marítimas y continentales.
- El sector empresarial no tiene que responder por el interés del país. No es su rol. Él actúa de
acuerdo a sus intereses comerciales, no de acuerdo a los intereses del país. Lo cual es
legítimo además.
- Los armadores industriales operan con otra lógica completamente distinta. El armador
industrial, fundamentalmente asociado a un grupo económico-financiero, no está
necesariamente interesado en la sostenibilidad a largo plazo del negocio, puesto que al grupo
lo que le interesa es una conversión acelerada de los recursos naturales en capital financiero.
La idea es trasformar en el más corto plazo posible, la mayor cantidad de biomasa pesquera
en capital fresco. La lógica de estos grupos es la acumulación y no la producción a largo
plazo. Si mañana ya no resulta rentable la explotación pesquera, entonces emigran a otro
sector.
- Cumplir con criterios de sostenibilidad implicaría renunciar a la conversión de naturaleza en
dinero, es decir, sería como dejar dinero en los fondos marinos para que en otras
generaciones, otras personas lo vengan a recoger. Esto no es coherente desde la perspectiva
del grupo económico-financiero que opera con la lógica de la acumulación. Desde esta
perspectiva, convertir todo en dinero y acumularlo a nombre del grupo financiero, es lo más
consistente y coherente. La lógica de la sostenibilidad va en sentido contrario.
- En conclusión: la lógica del industrial es correcta y lícita. Sin embargo no es la lógica
conveniente al país.
- Por tanto, el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios
de los recursos naturales materia de la controversia. Se legisla en beneficio del bien común,
de las mayorías nacionales, pues esa es la función primordial del Estado.
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