REVISTA PESCA JUNIO 2017

EDITORIAL
El terminal pesquero del distrito de Villa María del Triunfo fue clausurado el 28 de abril pasado por la Municipalidad del di strito debido
a varias infracciones. Lo sorprendente es que al día siguiente fue reabierto, supuestamente por haber subsanado todas las def iciencias,
lo cual es, sino sorprendente, por lo menos inesperado.
El hecho actualiza la idea de que las especies hidrobiológicas, que una parte importante de la población ha estado consumiend o en
sus casas o restaurantes, no han sido sanitariamente aceptables. También refleja la escasa atención que se le presta en el pa ís al
mercado interno. Si bien es cierto se les había notificado a los comerciantes de estas deficiencias, no se actuó con celerida d e interés
por ambas partes. Además esta situación debe tener mucho más tiempo de existencia, y probablemente ocurra lo mismo en otros
terminales pesqueros del Perú, así como en los mercados. Las normas no expresan con precisión y exactitud cuál es la autorida d
competente para supervisar el circuito extracción – consumidor final en cuanto a peces, crustáceos y moluscos. Donde hay muchos
supervisores, al final no hay ninguno.
Lo censurable es que la atención principal del sector está en las exportaciones y no en el mercado interno. No solamente en c uanto a
la provisión adecuada de especies que el país requiere, sino también de las condiciones sanitarias, no solo de los terminales sino de
la propia flota y los puntos de desembarque.
Los estímulos que se da a la exportación no pueden ser privilegios que menosprecien al mercado interno (o sea al ciudadano pe ruano),
el cual debe estar en igualdad de condiciones de competir. Hoy el mercado peruano no es tan atractivo ni estimulante para la
empresa privada porque existen incentivos solamente para el mercado externo. Lo que hay que entender es que los recursos pesq ueros
pertenecen a todos los peruanos y no solamente a los directamente involucrados en la pesca, pescadores, procesadores y comercializadores.
La autoridad tiene que legislar y normar en beneficio del conjunto de la sociedad y no de grupos que por razone s diversas
operan directamente con la pesca. La circunstancia de estar en el negocio pesquero no genera mayores derechos sobre los peces
de lo que establece la Constitución. Es lo debido y forma parte del mandato constitucional. El sector se defiende a travé s de diversos
mecanismos; pero la autoridad tiene el deber de defender a todos los ciudadanos.
Es bueno que el Estado estimule las exportaciones; pero también sería bueno que estimule al mercado interno, entendiéndose c omo
tal no solo a las principales ciudades y a los sectores A y B de la población, sino a todo el país. Tiene que aplicar un criterio de equidad
para que de esta forma, en igualdad de condiciones ambos mercados, sea la empresa privada quien elija a quien atender; pe ro
en una situación de justa competencia, no como viene ocurriendo a la fecha que solo la exportación goza de incentivos y privi legios.
Si el mercado interno pese a ello resulta insuficientemente atendido, será el Estado quien deberá atender al sector más neces itado a
través de programas sociales.
El tema es que el mercado asegura que se atienda la demanda de aquellos segmentos de la población que pueden pagar un determinado
precio, pero no garantiza que se atienda a los niveles de población que, necesitando proteína hidrobiológica no pueden p agar
sus precios. La atención de esta población es importante y por ello es necesario introducir algún tipo de programa social. El Estado
debe cumplir su rol subsidiario. (ver página 52 a la 61 en esta edición)
Por otro lado las funciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, recientemente modificadas, incluyen “Promove r el
diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor compe titividad,
inversión e inclusión social”
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