REVISTA PESCA ABRIL 2019

LA OMC LOS SUBSIDIOS A LA
CAPTURA Y LA INDUSTRIA
PESQUERA
Que la Administración del recurso pesquero en la Argentina es
sencillamente mala, ya todos lo sabemos. No podría ser de
otra manera, cuando se alinean en esta actividad cuatro factores
negativos: primero, no hay política pesquera y se delegó la
fijación de las políticas a los concesionarios a partir de la cuotificación
de las capturas; segundo, no se acuerda la explotación
del recurso entre la Nación y las provincias; tercero, el
Consejo Federal Pesquero (CFP) se excede en las atribuciones
de la ley 24.922, ya que mientras el Art. 7º indica que es función
del subsecretario de pesca: «a) Conducir y ejecutar la
política pesquera nacional, regulando la explotación…», el Art.
9º refiere que el CFP «a) Establece la política pesquera nacional».
Y esta última misión, es o debiera ser, como lo indica el
texto: «establecer la política general» y, dejar en el Subsecretario
la «administración», pero, el CFP, no por casualidad, gerencia,
como sí en una Sociedad, los socios, ocuparan el rol
del Gerente y, a esta errónea (¿?) situación, se agrega, el particular
interés de alguno de sus miembros que representan el
interés directo de alguna empresa. La consecuencia, es un
“toma y daca” permanente, que hace inviable una administración
planificada y sustentable y, finalmente, el cuarto factor:
los sucesivos Subsecretarios carentes de idoneidad suficiente,
ineptos para mirar más allá de la coyuntura e, inhábiles para
manejar las cuestiones operativas, económicas, impositivas e
intervenir ante los demás poderes competentes para neutralizar
los costos negativos de los subsidios internacionales a la
pesca.
Ésta falta de política le quita competitividad a la actividad en
su conjunto y, en especial, a quienes procesan en industrias
en tierra las materias primas, quienes generan mayor valor
agregado y empleo.
Los subsidios internacionales a la pesca a distancia en
Alta Mar
En el mundo, en 132 millones de Km2, se pescan unos 10 millones
de horas/año, de ellas un 57% en Alta Mar, recursos de
Argentina, Perú, Japón y en el Atlántico Norte, Atlántico Central
y en el Pacífico.
Según la Revista “Science Aduances”, el 77% de los buques
que pescan en Alta Mar provienen de China, Taiwán, Japón,
Indonesia, España, Rusia y Corea del Sur. A ellos, los Estados
respectivos les otorgan subsidios por 35 mil millones de dólares/año,
lo que representa un monto equivalente al 25% del
mercado mundial anual y, el 84% de estos subsidios, van dirigidos
a las grandes compañías pesqueras, que son los que
disponen de buques congeladores capaces de trasladarse a
grandes distancias.
Según el Investigador Eric Sala de la National Geographic, en
2014 se relevaron 3.620 buques pesqueros en actividad, analizando
sus costos en la actividad pesquera a distancia en Alta
Mar, estimados entre 6.200 y 8.000 M de dólares. Con ingresos
del orden de los 1.400 M de dólares, señala Sala, este tipo
de pesca, daría una pérdida significativa, aunque, nosotros
entendemos que los ingresos ilegales son mucho mayores y,
solo en el Atlántico Sur, superan los 2.000 millones de dólares,
¿Cuál sería el negocio, entonces? Los subsidios que otorga el
Estado, que pueden ser la eximición de impuestos, entrega de
combustibles sin costo, aceptación de un régimen laboral esclavo;
comercialización de capturas no declaradas que, en su
gran mayoría ilegales (Pesca INDNR) y, que las empresas y
sus embarcaciones, en muchos de los casos, pertenecen al
Estado y no son privadas. Es decir, esta actividad, supera a la
voluntad del armador y es una política de Estado del país de
origen.
El subsidio de los Estados a la pesca opera como la “Patente
de Corso” del siglo XVIII y XIX. Van en búsqueda de los recursos-proteína
para atender sus hábitos alimentarios, aunque,
según la FAO, cerca del 90% de las poblaciones de peces están
explotadas a pleno (58%) o sobreexplotadas (31%).
¿Y la Argentina, qué hace al respecto? Tiene a poco más de
200 millas un recurso disponible, similar al que captura en la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) y, no pone a toda su flota
congeladora y potera a capturar en Alta Mar. Tampoco, genera
Acuerdos para desalentar a la flota que captura ilegalmente o
con permisos ilegales del Reino Unido (R.U.) en Malvinas. El
Subsecretario de Pesca y el CFP dejan extraer un millón anual
de recursos pesqueros migratorios y asociados de Argentina
con total inacción e ignominia, mientras que la Prefectura, limita
su accionar a la milla 200, cuando la ley 24.922 la habilita
a hacerlo sobre la plataforma continental y los recursos migratorios
y asociados.
¿Estuvo el Subsecretario de Pesca en la reunión de diciembre
de 2018 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en
Buenos Aires discutiendo la eliminación de los subsidios? ¿Lo
acompañó algún empresario calificado para defender la posición?
No. Solo estuvo la ex Canciller Malcorra, la que apoyó el
pacto Foradori-Duncan de investigación pesquera en el Atlántico
Sur, la misma que, junto al Canciller Jorge Faurie contribuyó
durante el G20 a los Acuerdos con China y Rusia, ambos
Estados que subsidian los buques pesqueros que depredan el
Atlántico Sur, provocando un desequilibrio en el ecosistema.
Es muy probable que, hechos los números, a esos países les
convendría adquirir las materias primas que capturen los bu-
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