REVISTA PESCA ABRIL 2019

con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad
pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los
recursos». Los «intereses nacionales relacionados con la pesca»
no son solo explotar racionalmente el recurso, sino explotarlo
de tal forma, que fomente el emplazamiento y el sostén
de los pueblos en el litoral marítimo, como efecto de la radicación
de las industrias y, el consecuente empleo regional. Los
buques congeladores no provocan esta demanda laboral ni
radicación industrial, porque sus básicos procesos se realizan a
bordo y en gran parte mecanizados y, a lo sumo, en el desembarque,
provocan una escasa demanda laboral no calificada,
destinada a la logística de estiba y almacenamiento.
Continúa diciendo el citado artículo 1º: «favoreciendo el desarrollo
de procesos industriales ambientalmente apropiados que
promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor
empleo de mano de obra argentina». Ratificando lo ya
dicho, este párrafo refiere a la industrialización en tierra, ya
que éstos son los ambientes apropiados, no solo para asegurar
las mejores condiciones laborales y ambientales posibles, sino
para la extracción del mayor valor agregado a las materias
primas brutas y la generación de empleo. Ello, en un productor
agropecuario, por ejemplo, que explota sus bienes y negocios,
puede quedar a su exclusivo arbitrio, pero, siendo una
actividad concesionada, el Estado está obligado a regular en la
forma más eficiente la explotación del recurso y, no alcanza
con extraerlo del mar y, mucho menos limitarse a exportar
commodities, sino que los productos debieran estar aptos para
ser destinados directamente a las góndolas, en el exterior o en
la Argentina, de modo, que partiendo de una misma materia
prima se obtenga el mayor valor posible, facilitando el consumo
y. con ello, mejorando la dieta de los consumidores, desarrollando
la industria y generando nuevos empleos.
Hacia la década del 70 la pesca era considerada una
actividad productiva y no podía acceder a los beneficios
impositivos de la industria. Para revertir ello, las
Cámaras se comprometieron a agregarle valor a las
materias primas. Este compromiso, quedó plasmado en
el art. 2º de la ley de pesca: «la pesca y el procesamiento
de los recursos vivos marinos constituyen una
actividad industrial», ello, refiere, expresamente a
“procesar” y, no puede limitarse, como hemos dicho, a
una mera actividad extractiva, de bajo valor agregado
y, de exportación de commodities, siendo obligación
del Subsecretario de Pesca y del CFP «establecer los
requisitos y condiciones que deben cumplir los buques
y empresas pesqueras para desarrollar la actividad
pesquera» (Ley 24.922, Art. 7 f).
El legislador ha querido beneficiar en la Ley de Pesca a la industria
en tierra, frente a la actividad extractiva y, por ello, ha
determinado las cuotas de captura por tipo de flota; la obligatoriedad
de descargar en el puerto; estableció las mejores
condiciones para el otorgamiento de los permisos a los que
empleen mano de obra nacional en mayor porcentaje en tierra
y buques en forma proporcional (Art. 26º), privilegió con ello,
a los buques fresqueros que ocupan mayor cantidad de operarios
en los procesos de extracción e industrialización; promovió
la asignación de cuotas a la cantidad de mano de obra nacional
ocupada (Art. 27º) y, prohibió la transferencia de cuotas
de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores
(Art. 27º), dejando de manifiesto el interés de priorizar a
aquellos por sobre estos últimos.
¿De qué calidad se habla en los productos congelados a bordo?
La seguridad sanitaria de los procesos de elaboración a
bordo, la higiene de las superficies de contacto y, la salud de
los operarios en los buques congeladores está sin control por
la ausencia de inspectores profesionales de SENASA a bordo,
en los momentos de elaboración, tal lo cual lo exige el Decreto
4238/68 (ap. 1.1.2; 8.1; 8.1.1; 9.1; 23; 23.19 etc.) y, el Art.
31º de la Ley 24.922 que «impide disponer los productos de la
pesca sin someterlos previamente al control sanitario». Además,
en el desembarco de los productos congelados a bordo,
se deberían tomar las muestras representativas surgidas de la
raíz cuadrada del total de la partida y, para alcanzar los kilos
requeridos en los congelados se debieran tomar trozos equivalentes
a un 5% del peso total de cada pieza, la que se descongela
para analizarla, mientras se inmoviliza y mantiene intervenida
toda la partida. A este efecto también se pueden usar los
muestreos del “Code Federal Regulation 221”, de la ICMSF o
del Codex Alimentarius que son más rigurosos aún. Es evidente,
que esta exigencia legal no se está cumpliendo, tanto por
la de un veterinario y ayudante a bordo, como el muestreo
indicado, motivo por el cual los productos elaborados a bordo
no podrían certificarse sanitariamente. Este solo tema, da por
tierra con el falso argumento de que el congelado a bordo es
de mayor calidad que el procesado en tierra y, en todo caso,
hay que atribuirlo a que no se usan embarcaciones más adecuadas
(RSW, Refrigerated Sea Water) para asegurar una mejor
calidad de las capturas, a la demora en el procesamiento,
al mal trato o una deficiente refrigeración a bordo, todas cuestiones
que pueden y deben optimizarse. Sostener que los productos
congelados son de mejor calidad favorece al país comprador
que le agrega valor al producto, en perjuicio de las empresas
y los trabajadores argentinos y el país y, por supuesto
que, para ello, el establecimiento de destino debe también
descongelar los productos para reprocesarlos, con la consiguiente
pérdida de calidad, si no realiza adecuadamente este
proceso (en la Argentina, Decreto 4238/68, 23.14.35).
Los buques congeladores se están favorecido por el Art. 43º
de la ley 24.922 donde no se les asigna arancel ni derecho al
proceso a bordo, sino a los permisos y capturas y, ello encuentra
fundamento en entender, que el proceso natural de elaboración
no se realiza en el buque sino en la planta en tierra,
Revista Pesca marzo 2019 58