REVISTA PESCA ABRIL 2019

EL BUQUE CONGELADOR REDUCE
EL EMPLEO ARGENTINO
Y LO TRANSFIERE A ASIA Y
A EUROPA
Si algo tiene bueno, la mal llamada Ley Federal de Pesca
24.922, es su artículo 1º; desde éste en adelante, comenzaron
los escribientes a copiar y pegar las exigencias de sus representados,
para que casi todo fuera posible, pero, como suele
ocurrir en un mundo de intereses cambiantes, éstos mutaron
y, lo que era malo o bueno para algunos, al sancionarse la ley
en 1998, veinte años después, se pasaron -respetuosamenteal
bando contrario. Al crearse la Cámara de Armadores, por
entenderse que se defendían intereses contrarios en la Cámara
de Congeladores y viceversa, nada hacía suponer, que todo
sería lo mismo, dando lugar, a un sinnúmero de siglas empresarias,
donde a la luz de los resultados, hay más vocación de
poner al funcionario de turno, para recibir intereses personalísimos,
que conciliar una política que contenga al conjunto de
la actividad y les permita a todos, crecer, desarrollar y multiplicarse,
cual regla biológica.
Hacia 1976, la flota no costera estaba compuesta por 113 buques
fresqueros y 10 buques congeladores; es decir una relación
de 92% a 8% respectivamente. Este porcentual se revirtió
en forma notable con el crecimiento sostenido hasta nuestros
días de los buques congeladores. En el año 2017 los desembarques
de los buques fresqueros (que procesan en tierra)
fueron de 386 mil toneladas (49,7%) y el de los buques congeladores
(que realizan algún proceso a bordo) de 390 mil
toneladas (50,3%). Los números son elocuentes, y ello se expresa
en la dicotomía que, aun incrementándose las exportaciones,
aumentó el desempleo y el trabajo en negro. ¿Y qué
opinan los Intendentes y Concejales de los municipios de esto?
Nada. Están ocupados en recaudar a través de las multas de
tránsito, para resolver el rojo de sus comunas y, no alcanzan a
darse cuenta de los recursos y el empleo que generarían si las
materias primas se procesasen en tierra. Les regalan la mano
de obra a los países a Europa, Asia, Estados Unidos y algún
otro de Sudamérica, a costa del empobrecimiento de sus ciudades
y pueblos.
A pesar de que la Ley de Pesca es contraria a la explotación
con buques congeladores, el Subsecretario y los funcionarios
del Consejo Federal Pesquero (CFP) les otorgan nuevos permisos
y cuotas de captura, perjudicando el ecosistema, la radicación
industrial, el valor agregado y el empleo.
Veamos. Con los buques congeladores no se puede cumplir
con el axioma indicado en el artículo 1º de la Ley de Pesca:
«fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo
desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de
los recursos vivos marinos», porque efectuar un mínimo proceso
y congelar a bordo, con una baja ocupación de mano de
obra, no es procurar el máximo desarrollo y un aprovechamiento
racional, que solo se logra obteniendo el máximo valor
agregado a partir de una misma unidad de materia prima. Por
ejemplo, no es lo mismo obtener un 40% procesando a bordo,
que un 45% al momento de filetear una pieza y, ello, multiplicarlo
por cientos de miles de toneladas, en tierra.
El recurso pesquero y el ámbito de desarrollo de la especie es
propiedad del Estado y, éste, lo da en concesión a las empresas,
no para que éstas hagan lo que quieran con el recurso,
sino para agregarle el máximo valor posible a una captura sustentable
y, ello, resulta virtualmente imposible en los buques
congeladores, ya que, “el factor de conversión” (relación captura-producto
procesado) es de difícil determinación (¿?) a la
luz de las reiteradas prórrogas de la Subsecretaría de Pesca
para precisar la eficiencia de estas embarcaciones; además de
descartarse cientos de miles de toneladas de proteínas al mar
y, contaminar las aguas del Atlántico Sur con residuos líquidos,
desechos y descartes, que en su gran mayoría ni siquiera se
trituran (Res. SAGPyA Nº 16/01).
¿Quién dijo que la calidad de los procesados a bordo es
mejor? ¿La Unión Europea?, la que hoy reduce a cero
los aranceles a los productos sin valor agregado. La
que teniendo una tasa de desempleo del 6,7% se quiere
quedar con nuestra mano de obra.
Del mismo modo, el artículo 1º refiere a que se «promoverá la
protección efectiva de los intereses nacionales relacionados
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