SDT84

Ldo. Juan Luis
de Aynat Bañon
DECANO
Col. 1512
Carta
del decano
Estimados Compañeros y compañeras,
Retomo el contenido de mi última de julio pasado del
presente, en la que, por una vuelta cautelosa a la normalidad,
se nos auguraba la normalización de las actividades
y de la posibilidad de la interacción profesional. Las
administraciones públicas en general, y los Juzgados en
particular, so pretexto del largo tiempo en el que se exigía
el distanciamiento social, se han parapetado precisamente
en ese distanciamiento (salvadas excepciones) y se nos
ponen trabas, o cuando menos dificultades e incomodidades
en nuestro diario quehacer cuando tenemos que
acudir a las oficinas en las que habitualmente ventilábamos
de manera directa nuestros asuntos. En numerosas
oficinas se ha perpetuado la inaccesibilidad, manteniendo
muy estrictas medidas de atención telefónica o la restricción
de posibilidad de acceso, se somete al profesional a
un clavario de citas previas que hacen dificultoso nuestro
acercamiento a los funcionarios con los que habitualmente
antes se departía la situación o la solución del
asunto, o era útil esa interactuación personal para recibir
la información necesaria para poder realizar nuestro
trabajo con mayor agilidad y garantía. El acceso a la sedes
Judiciales, y en mayor grado a la ciudad de la Justicia se
ha vuelto incomoda, a este primer obstáculo luego se
superpone el mantenimiento de obstáculos particulares
dependiendo de cada Juzgado.
En resumen, y en general, cada vez se hace más difícil
poder comunicar eficazmente con los funcionarios
responsables de nuestros trámites y expedientes (Administrativos
o Judiciales). Creemos importante, si se mantuviera
la actual situación de mejoría sanitaria que todas
las administraciones retirasen “cualquier obstáculo
físico” que pudiera impedir el acceso libre o la movilidad
por las dependencias administrativas y judiciales abiertas
al público. La incomodidad, no caprichosa, que manifiestan
los compañeros que se encuentran con estos obstáculo
es legítima, y deberían ser removidos, así como
revisado el manejo de la accesibilidad en puertas, en
mesas de pasillo y mostradores que limitan el paso, ese
sistema de continua barrera y de parapeto, que hace ya
desde del inicio de nuestra entrada a las dependencias
públicas, un desagradable comienzo de la jornada o del
cometido que pretendemos cumplimentar.
Por lo que respecta al funcionamiento del Colegio hemos
reanudado las actividades en la sede, se realizan actos
formativos presenciales, se atiende a los compañeros sin
necesidad de cita previa, las instalaciones están en pleno
funcionamiento, se vuelven a celebrar las Juras en acto
público y solmene (eso si, las fotos de grupo las realizan
en el verdísimo y vegetal Parque Nicolás Salmerón) y
hemos podido celebrar los actos de la festividad de Santa
Teresa, agotándose las entradas para la comida de
hermandad; las Juntas de Gobierno y las distintas comisiones
se pueden celebrar presencialmente, lo que sin
duda, redunda en una mejor aprovechamiento de nuestros
encuentros. Queda pendiente, y se hará próximamente
la entrega de escudos de plata por los veinticinco
años de incorporación al Colegio, a los compañeros y
compañeras que los han cumplido este año y el anterior,
que por su cantidad numérica, no han podido citarse en el
salón de actos, para recoger su insignia, ya que al superar
los doscientos colmatarían la capacidad y aforo de nuestras
instalaciones. Estamos buscando un lugar para
poder celebrarlo debidamente y con holgura.
No condicionado por el COVID, sino por la conjugación de
la cercana jubilación de numerosos compañeros y el
menor número de incorporaciones que ha propiciado la
Ley de acceso a la Abogacía, me hace pensar que es
necesario estudiar cual pueda ser el crecimiento o decrecimiento
del número de compañeros que compondrán el
Colegio en los años venideros, esta cuestión, no menor,
que seguro tiene una proyección numérica, es necesaria
someterla a estudio para conocer cuál será la dimensión
de Nuestro Colegio a diez o quince años vista. No podemos
ser ajenos a esta realidad, para estar preparados a
adaptar el Colegio y su dimensión a las circunstancias
que se presenten en futuro.
Al compás de la entrada en vigor del ya vigente el Real
Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto General de la Abogacía Española, ahora acometemos
la obligatoria reforma del Estatuto del Colegio, lo
que implicará una nueva carga de trabajo y su tramitación
para presentarse a la aprobación por la Junta General.
Quedo como, siempre a vuestra disposición.
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