Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Petróleo para la paz | 195
gilancia por parte de la ANH, estropean los yacimientos generando un daño
patrimonial al afectar el factor de recobro final (volumen de reservas extraídas).
Otras, valiéndose del hecho de ser la industria petrolera de utilidad pública,
o amparadas en la ley de servidumbres petroleras (ley 1274 de 2009), se han
convertido en feudos nauseabundos para las comunidades, pues la empresas
las amenazan con expropiarlas o multarlas con cifras superiores al valor de la
finca, si se oponen al ingreso de la sísmica o de los taladros.
En otras palabras, las petroleras y el Estado desplazan legalmente a la
población, sin necesidad de ponerle un arma en la cabeza. En fin, sería interminable
reseñar todos los hechos bochornosos que por desgracia suceden hoy
en la industria petrolera y sus relaciones con la comunidad.
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El país, como víctima del neoliberalismo, implementó una política petrolera
que ha sido un rotundo fracaso en cada una de sus aristas, después de 10
años de vigencia. Ni siquiera la inversión extranjera directa llegó a lo esperado.
Más de 100 empresas que han recibido los casi 400 bloques adjudicados por la
ANH sólo han invertido 3.800 millones de dólares, de los casi 11 mil millones
de dólares comprometidos en inversión para exploración y desarrollo; de esos
millones realmente invertidos, la AHN ha recibido 1.800 por derechos de uso
del subsuelo, participación por precios altos, transferencia de tecnología y
participación en la producción. O sea que efectivamente han invertido 2000
millones de dólares en 10 años: dos millones de dólares por empresa por año,
aproximadamente. Mientras que Ecopetrol invierte él solo más de 8.000 millones
de dólares por año, de los cuales más de 500 millones van para exploración.
Con una industria petrolera descuadernada, que genera más empleo a
los extranjeros que a los nacionales; sin generación de riqueza para apalancar
el desarrollo económico y la inversión social, sin transferencia de tecnología y
atravesando ambientalmente por su peor momento, es difícil que después de la
terminación del conflicto con los grupos insurgentes se llegue a la anhelada paz.
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Es urgente e inaplazable detener, utilizando un manual de buenas prácticas,
el derrumbe social y ambiental que está al borde del abismo; de otra parte,
proponer en la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno la aprobación de
una ley orgánica de hidrocarburos que implemente medidas de reparación del
inmenso daño patrimonial y fiscal generado con el actual sistema contractual
en exploración y producción; para ello, establecer políticas a largo plazo, bajo el
control y vigilancia de Ecopetrol como empresa 100% estatal, a la que nunca se