Y SIN EMBARGO SE MUEVE

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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
las instituciones gubernamentales en su conjunto concluyan que ello implica
transformaciones estructurales en el orden territorial. Esto es así porque el
enfoque explícito de paz territorial promovido desde esos ámbitos sigue preso
del paradigma del plan de consolidación territorial que otrora planteó el Ministerio
de la Defensa 5 .
Destacamos varios problemas en ese enfoque. El primero es la línea de
reforzamiento de la presencia estatal nacional —en palabras coloquiales, “llevar
el Estado” a los territorios no integrados—, trátese de instituciones o de procedimientos
y criterios para la gestión pública. Tal enfoque desconoce, en su
esencia, la institucionalidad democrática que han construido las comunidades
de los territorios de conflicto. La realidad territorial no reconocida por el Estado
es la siguiente: tras 5 décadas de guerra, más allá de la existencia material
de órdenes de hecho producidos por las insurgencias, emergieron cientos de
experiencias de institucionalidad popular que debieron y pudieron construirse
para resistir los impactos de la confrontación y para desafiar los órdenes militares
que quisieron imponerse; la lectura “criminalística” del Estado sobre las regiones
sólo le permitió ver comunidades usadas o aterrorizadas por las insurgencias,
idiotas útiles del terrorismo y otras clasificaciones similares. Precisamente,
desde las negociaciones con el MAQL debieron ver que, debajo de la guerra,
la vida continuaba, y que para ello, las comunidades fueron construyendo sus
propias instituciones, ante las que las insurgencias no tuvieron otra opción que ir
subordinándose o articulándose, en procesos para nada cercanos a la mecánica
instrumental. ¿Esperaba el Estado otra cosa? Al parecer sí; es la tragedia de un
país que hace análisis social con las categorías de la guerra irregular.
Por eso es que la paz territorial es un discurso del gobierno central y no una
iniciativa de los gobiernos locales; porque sigue basada en la idea de un poder
que se descentraliza y no en un ordenamiento territorial que reconoce como
formas del poder público a los entes y experiencias locales de democracia; por
eso el gobierno ni siquiera reflexiona sobre la pertinencia de modificar la figura
y contenido de los municipios actuales, no enfoca su propuesta en clave de incorporar
nuevas entidades territoriales (territorios campesinos) y no apropia las
sugerencias de ver la planeación y gestión pública desde otras figuras existentes
(las veredas, por ejemplo) o desde nuevas, como los municipios campesinos
(como puede derivarse del Informe coordinado por Absalón Machado para el
PNUD 6 ). Esta visión homogénea y centralista igual se impone en el manejo de
5 Sergio Jaramillo, actual Comisionado de Paz, era entonces viceministro de la Defensa de Juan Manuel Santos.
6 Véase PNUD. (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011.
Bogotá: INDH PNUD, septiembre.