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El rota onismo el em lazamiento en materia e ex ran·ería
sirvan sólo para el ejerció
de competencias iguales, o
que versen sobre materias
semejantes, con la única
excepción tras la STC de
30 de noviembre de 2000,
que el cambio de finalidad
esté fundado en una de las
causas contenidas en el art.
11 LOPD, pudiendo ser
sustituida la necesidad del
consentimiento del titular
.. . por una disposición
con rango de ley (art.
11.2.a). "
En definitiva, la administración
debe actuar dentro de
las competencias sobre
prohibición de cesión de
datos personales que puedan
vulnerar el art. 18.4
CE ., por tener el padrón
municipal, carácter de base
de datos actualizada, por la
gestión actualizada de
todos los datos personales
de sus habitantes, donde
aparece no sólo su domicilio,
sino además todo el
resto de sus datos personales,
tales como edad, el
género la nacionalidad, el
nivel académico ... 15; máxime
cuando el propio art.
22.2 de la LPD recogía un
régimen concreto de base
de datos para fines policiales,
al reseñar que "la recogida
y tratamiento para
fines policiales de datos de
carácter personal por las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado sin
consentimiento de las personas
afectadas, están limitadas
a aquellos supuestos
y categorías de datos que
resulten necesarios para la
prevención de un peligro
real para la seguridad
pública o para la represión
de infracciones penales .. .";
por lo que entendemos que
dicha nueva limitación de la
LOEXIS no era necesaria,
porque su resultado es que
ahora cualquier policía
puede obtener esa informa-
ción privilegiada, tras dejar
constancia en la Dirección
General de la Policía de su
acceso, de su identificación
exacta de usuario, de los
datos consultados, y de la
fecha y hora de la consulta,
pudiéndose vulnerar el
derecho fundamental de
intimidad frente ai manej o
de datos informáticos del
art 18.4 CE, como ha venido
confirmando la jurisprudencia
del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
(TEDH), aplicando el art.,
8.2 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos
(CEDH), el Tribunal de
Justicia de la Comunidad
Europea, en sentencia de
20 de mayo de 2003, el
Tribunal Constitucional en
reiteradas ocasiones, y la
jurisprudencia de países de
la Unión Eu ropea.
Otro de los aspectos relevantes
en la redacción inicial
de la LO 4/2000-en la
15 Vid. Cit. PEREZ V ELASCO, en "El acceso ... ", pág . 111 .
16 Esta sentencia fue fruto del recurso de inconstitucionalidad n° 1555/96 contra el artículo 2 a) de la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, de 1 O de en ero de 1996, interpuesto por el Defensor del Pueblo. En re lación a 1 a asistencia jurídica
gratuita conviene ten er en cuenta además la Directi va 2002/8 CE del Consejo, de 27 de en ero de 2003, destinada a
mejorar el acceso a la justi cia en los litigios transfronterizos, estableciendo reglas mínimas comunes relativas a la justicia
·gratuita para dichos litigios Directiva no sólo se refiere a los nacionales de un Estado de la Unión Europea, sino
que también se aplicará a qu ienes lo sean de terceros países siempre que residan legalmente en el territorio de
unEstado miembro. Además son relevantes los convenios bilaterales y multilaterales que afectan a esta materia, con
pa íses como Rusia, Uruguay, China, etc. Vid. Calduch Gargallo, M., "La asistencia jurídica gratuita al extranjero",
Revista de Derecho Migratori o y Extranjería , n° 4, noviembre 2003, pp. 65-92.
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