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o abo a os
dora legítima en estos
supuestos específicos, no
lo es en el concreto caso
del mismo, y únicamente
sería proporcional la sanción
alternativa de multa.
Es cierto que la multa constituye
una sanción alternativa
menos restrictiva de
derechos, pero también
menos eficaz para la consecución
de la finalidad de
restablecimiento del orden
jurídico perturbado perseguida
por el Legislador.
En consecuencia, debe
concluirse que la expulsión
de quien carece de habilitación
legal para residir en
España constituye una
medida sancionadora proporcionada,
que se encuentra
específicamente establecida
por la Ley para los
supuestos de estancias
carentes de habilitación
legal. La Administración
puede legítimamente imponer
esta sanción, dentro de
las opciones prevenidas
legalmente, ya que es precisamente
la que restablece
el orden jurídico perturbado.
Incumbe a la parte actora,
que impugna la sanción
por falta de proporcionalidad,
acreditar la concurrencia
de circunstancias especiales
que concurran en su
caso concreto y que puedan
determinar excepcionalmente
tal desproporción.
No habiéndolo hecho en el
caso actual, procede desestimar
el recurso."
En relación con estas dos
sentencias, se advierte que
siguiendo un orden lógico
en el planteamiento de la
defensa de las pretensio-
''E .
n consecuencia,
debe concluirse que la
expulsión de quien
carece de habilitación
legal para residir en
España constituye una
medida sancionadora
proporcionada, que
se encuentra
específicamente
establecida por
la Ley''
nes de nuestro mandante,
debemos en primer lugar
verificar que en el procedimiento
de expulsión se ha
cumplimentado y observado
respetuosamente todas las
garantías legales; no se ha
excedido la administración
del plazo de seis meses
para dictar la resolución y
notificarla a contar desde la
incoación del expediente de
expulsión, se ha gozado del
derecho a la defensa y
asistencia letrada, se han
cumplido los traslados pertinentes
para formular alegaciones
.... Toda vez que la
inobservancia de cualquiera
de estos aspectos produce
un argumento jurídico idóneo
para la prosperabilidad
de los objetivos de nuestro
cliente dando pie a la nulidad
o la anulabilidad, según
claro está , la entidad del
defecto cometido en la tramitación
del proceso.
En segundo orden de
cosas, la sentencia precedente
y la que le sigue son
ilustrativas de un vicio
común y muy extendido
entre los profesionales,
consistente en creer que el
Tribunal puede compartir
nuestras mismas argumen-
r ,
67
L. ...