¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

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Human Rights Watch y otras personas hicieron importantes críticas a la ley cuando esta fue aprobada. En su redacción original, la ley carecía por completo de medidas que aseguraran su efectividad. No exigía que los paramilitares rindieran confesiones completas y veraces, ni que revelaran información sobre sus complejas redes delictivas y sus colaboradores en las fuerzas de seguridad pública o en los sistemas políticos que pudiera usarse para desarticular esas redes. Los fiscales sólo tendrían 60 días para verificar lo que los paramilitares decidieran declarar sobre los delitos que habían cometido, antes de acusarlos. Una vez otorgadas, las sentencias reducidas no podrían revocarse, aun cuando se demostrara que los paramilitares habían mentido o cometido nuevos delitos, o que no entregaron los bienes obtenidos de manera ilícita. Si la Ley de Justicia y Paz se hubiera implementado en los términos de su redacción original, los paramilitares no habrían tenido ningún incentivo significativo para hablar sobre sus crímenes o cómplices, y cualquier investigación de sus delitos se habría cerrado rápidamente. Todo cambió cuando la Corte Constitucional colombiana revisó la ley a mediados de 2006. La Corte aprobó la ley, pero condicionó dicha aprobación a que se le realizaran varias reformas fundamentales. Como resultado de las modificaciones de la Corte, la Ley de Justicia y Paz ahora exige confesiones completas y veraces, dispone la revocación de las penas reducidas si los paramilitares mienten o no cumplen con una serie de requisitos, y no establece límites en cuanto a los plazos de las investigaciones. La Corte también eliminó disposiciones que permitirían a los paramilitares cumplir penas reducidas fuera de prisión y que reducirían sus condenas a menos de cinco años, al computar el tiempo transcurrido durante las negociaciones como tiempo efectivamente cumplido a efectos de la pena. Incluso sin reducciones adicionales, las penas de cinco a ocho años difícilmente reflejan la gravedad de los delitos, que incluyen algunas de las atrocidades más aberrantes cometidas en la historia de Colombia. Si bien la ley aún presenta deficiencias, la Corte la transformó en un instrumento que, si se implementa en forma efectiva, podría promover el derecho de las víctimas a la verdad, a obtener reparaciones y a que los abusos no vuelvan a producirse. La 7 Human Rights Watch Octubre 2008
ley también podría ser una herramienta útil para desarticular las estructuras paramilitares y poner fin a su influencia en el sistema político y las fuerzas de seguridad públicas. Confesiones de los líderes paramilitares La decisión de la Corte Constitucional preparó el terreno para un proceso en el cual los paramilitares que confesaran sus delitos podrían obtener reducciones significativas en sus penas de prisión, lo cual les daría un incentivo para colaborar con los fiscales. Como resultado, durante 2007 y parte de 2008, los fiscales comenzaron a obtener información valiosa de los jefes paramilitares sobre sus delitos y cómplices. El proceso de las confesiones ha tenido varios problemas graves. Hasta hace poco, el proceso se veía obstaculizado en razón de que la ley sólo dispuso la designación de 20 fiscales a la unidad encargada de realizar los interrogatorios de paramilitares. Debido a la presión nacional e internacional, a principios de 2008, el gobierno proporcionó fondos para una cantidad significativa de nuevos fiscales. También ha quedado claro que la cantidad de paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz es mucho menor de lo que se creía al principio. Más de 3.000 supuestos combatientes —incluidos varios guerrilleros en prisión a quienes el gobierno ha permitido “desmovilizarse”— han solicitado acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, casi todos aquellos a quienes los fiscales han comenzado a interrogar como parte del proceso han manifestado su deseo de retirarse del proceso y que no desean beneficiarse con la reducción de la pena establecida en la ley. Dado que la mayoría no tiene, en la actualidad, acusaciones pendientes en su contra, es probable que queden libres. No están obligados a brindar información que pueda ayudar a resolver casos de violaciones de derechos humanos, revelar información sobre la red de influencia paramilitar ni ayudar al juzgamiento en relación con los desaparecidos. Al momento de la redacción de este informe, menos de 300 paramilitares proporcionaban activamente información a través de confesiones. ¿Rompiendo el Control? 8
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