¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

De acuerdo con González, estas cuestiones no han sido totalmente cubiertas dado
que los paramilitares aún se encuentran en la primera etapa de sus confesiones y
los fiscales aún tienen que interrogarlos sobre delitos que no confiesen
directamente. 76 Además, manifiesta que la Fiscalía General de la Nación ha decidido
concentrarse en obtener información sobre cuerpos y fosas comunes (a febrero de
2008, la fiscalía expresó que había dirigido 1.056 exhumaciones de fosas y
descubierto 1.256 cuerpos, de los cuales 132 habían sido devueltos a sus familias). 77
Declaraciones de los paramilitares sobre cómplices
Algunos jefes paramilitares han realizado declaraciones muy significativas —aunque
selectivas y, a menudo, vagas— sobre sus cómplices en el Ejército y en el gobierno, y
sobre quiénes los financiaban. Al 22 de febrero de 2008, estas declaraciones habían
permitido a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz a compulsar
copias de la información a otros fiscales para abrir investigaciones respecto del
Vicepresidente, 11 senadores, 8 congresistas, 1 ex congresista, 1 miembro del
gabinete, 4 gobernadores, 27 alcaldes, 1 concejal, 1 diputado, 10 “líderes políticos”,
10 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, 39 miembros del Ejército, 52
miembros de la Policía, 56 civiles y 2 miembros del Servicio de Inteligencia
Colombiano (DAS). 78
Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes. De acuerdo con los fiscales, las
resoluciones del Fiscal General que rigen las confesiones establecen que se supone
que los solicitantes deben hablar sobre “otros responsables” en la segunda fase de
la confesión. 79 Dado que la mayoría de los solicitantes aún deben completar la
oficial sobre población desplazada, que sólo atribuye a los paramilitares responsabilidad por un 11,3 por ciento de los casos
de desplazamiento. El informe indica que los registros en el sistema de información oficial sobre desplazamientos causados
por los paramilitares han presentado una reducción que “puede obedecer, probablemente y entre otros factores, a las
dificultades surgidas con motivo de los procesos de... inscripción en el registro… suscitadas con ocasión del proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares… [porque] como ha sido denunciado por varias organizaciones…, algunas de las
Unidades Territoriales (UT) de Acción Social comenzaron a negar sistemáticamente el registro de personas y hogares que...
señalaban a los grupos paramilitares como los autores del desplazamiento. De acuerdo con la situación denunciada, las UT
partían de la presunción de que los grupos paramilitares, habiéndose desmovilizado, no podían señalarse como autores de
desplazamiento”. Ibíd.
76
Entrevista de Human Rights Watch con Luis González, Bogotá, 21 de febrero de 2008.
77
Ibíd.
78
Comunicación por correo electrónico de un funcionario de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz enviada a
Human Rights Watch, 29 de febrero de 2008.
79
Resolución 0-3998, 6 de diciembre de 2006, art. 4.
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