¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

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El record de la Fiscalía en estos casos es mixto. En algunos casos, la Fiscalía ha logrado avances e incluso en algunos casos los acusados se han acogido a sentencia anticipada. Sin embargo, en otros casos, la Fiscalía a veces ha parecido ser tímida o lenta en sus actuaciones. Por ejemplo, cerró rápidamente la investigación que se estaba realizando sobre la participación de Noguera en fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2002, a pesar de la extensa declaración de García sobre su supuesta participación y la de Noguera en el fraude. RESPUESTA DEL GOBIERNO DE URIBE El gobierno de Uribe dice estar comprometido con revelar la verdad y desmovilizar a los paramilitares, y ha proporcionado financiamiento a la Corte y a la Fiscalía General. Pero, en reiteradas oportunidades, dicho gobierno ha tomado medidas que podrían atentar contra los avances logrados por estas instituciones. En especial, las reiteradas agresiones verbales, extrañas acusaciones públicas y las llamadas teléfonicas personales a magistrados de la Corte Suprema por parte del Presidente Uribe y miembros de su gabinete, crean un entorno de intimidación que podría dificultar el accionar de los jueces. Una y otra vez, los funcionarios del gobierno de Uribe han acusado a la Corte de parcialidad e, incluso, de estar vinculada con actividades delictivas. En reiteradas oportunidades, se ha demostrado posteriormente que sus acusaciones carecían de fundamento. El ejemplo más obvio es el del caso de “Tasmania”, en el cual el Presidente Uribe, sobre la base de una carta firmada por un paramilitar encarcelado conocido como Tasmania, acusó al Magistrado Iván Velásquez, quien coordina al equipo que investiga los casos de la parapolítica, de intentar incriminar a Uribe por asesinato. El paramilitar se retractó posteriormente, y explicó que la carta había formado parte de un montaje por el cual su abogado y otras personas le habían ofrecido varios beneficios a cambio de mentir sobre el Magistrado. Más recientemente, se permitió que Antonio López, alias “Job”, un socio de Don Berna a quien las fuerzas de seguridad consideraban un delincuente, ingresara al Palacio Presidencial para reunirse con varios funcionarios. Durante la reunión, Job aparentemente entregó a los funcionarios videos y material de audio con el cual al parecer pretendía implicar al Magistrado Velásquez en actividades delictivas. Sin duda, lo integrantes de la Corte no están por encima de la ley, y en la medida en que uno o varios de ellos participen en actividades delictivas, también deben ser investigados. Sin embargo, las reiteradas acusaciones y ataques personales por parte del gobierno muchas veces parecen ser injustificadas y basadas en información errónea. Tales ataques lo único que logran es deslegitimar a la corte y debilitar el apoyo del público a su labor. En un país en el cual los jueces e investigadores han sufrido con frecuencia amenazas e incluso han sido asesinados por investigar a los paramilitares, estos ataques también podrían poner en peligro la vida de los magistrados. Human Rights Watch | Octubre 2008 17
Una propuesta lanzada en 2007 por el Presidente Uribe de permitir la excarcelación de los políticos que hubieran colaborado con los paramilitares habría tenido un efecto devastador sobre las investigaciones. Afortunadamente, el Presidente Uribe retiró su propuesta después de que se tornó evidente que se convertiría en un obstáculo para la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia. Es incierto qué sucedería si cesara la presión relacionada con la ratificación del TLC. El gobierno de Uribe se opuso recientemente a un proyecto de ley por el cual se habría reformado el Congreso colombiano a fin de reducir la influencia de los paramilitares. Por consiguiente, en la actualidad muchos de los congresistas que están siendo investigados simplemente han sido reemplazados por otras personas de los mismos grupos políticos que supuestamente obtuvieron el puesto mediante la influencia paramilitar. Uno de los argumentos del gobierno para trabar la propuesta fue que si la propuesta se aprobaba, el gobierno perdería su mayoría en el Congreso. Por último, el gobierno de Uribe recientemente ha propuesto una serie de reformas constitucionales que podrían tener el efecto de retirar la función de investigar a los congresistas de la competencia de la Corte Suprema. Si esa propuesta es aprobada (lo cual es probable, teniendo en cuenta que en la actualidad está siendo tratada por un Congreso que también es objeto de las investigaciones de la Corte), podría tener un efecto devastador sobre las investigaciones de la parapolítica, asegurando la impunidad para los colaboradores de los paramilitares en el sistema político. DERECHA: Teresita Meléndez (derecha), quien perdió a su hijo y a su esposo por la violencia de los paramilitares, observa una prenda de su esposo que le muestra un investigador forense. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación reveló que varios paramilitares bajo el mando del jefe conocido como ‘Cadena’, líder del Bloque Héroes de los Montes de María de los paramilitares, asesinaron a su esposo y a su hijo junto a otros cuatro trabajadores, y posteriormente ocultaron los cuerpos en el cementerio de San Onofre, Sucre. © 2007 Redux 18 ¿Rompiendo el Control?
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