¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

dicho Pacto. 442 Como lo ha explicado el Comité de Derechos Humanos, un organismo
de las Naciones Unidas integrado por expertos encargado de supervisar el
cumplimiento del PIDCP, en virtud del artículo 2(3) del PIDCP los Estados tienen la
obligación de investigar las violaciones de estos derechos y de juzgar a sus autores.
No investigar ni juzgar a los responsables puede de por sí constituir una violación
del PIDCP, además de la violación del derecho a un recurso efectivo. 443 El Comité
agrega que la impunidad, “cuestión de permanente preocupación del Comité, puede
ser un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”. 444 Por
lo tanto, “en los casos en que algún funcionario público o agente estatal haya
cometido violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto [...] los Estados Parte
de que se trate no podrán eximir a los autores de su responsabilidad personal...”. 445
Los Principios Actualizados para la Lucha contra la Impunidad de la ONU, que
constituyen lineamientos autorizados que representan las principales tendencias en
materia de derecho y práctica internacionales, y que reflejan las mejores prácticas
de los estados, describen las obligaciones que corresponden a los estados en lo que
respecta al derecho a la justicia. En este sentido, establecen que “los Estados
emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de
las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y
adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores […] para que sean
procesados, juzgados y condenados debidamente”. 446 Los Principios señalan que
estas obligaciones se aplican incluso cuando el Estado tenga por finalidad crear
442
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. de Asamblea
General 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (N.° 16) en 52, Doc. de la ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23
de marzo de 1976, ratificado por Colombia el 23 de marzo de 1976, art. 2(3).
443
Comité de Derechos Humanos de la ONU, “Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el
Pacto”, Observación General N° 31, Doc. de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), párr. 18, 15. Estas obligaciones “existen
concretamente en relación con las infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en la legislación
nacional, entre ellos la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), las privaciones de vida sumarias y
arbitrarias (artículo 6) y las desapariciones forzosas (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6)”, que se convierten en delitos de
lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Ibíd., párr.
18, que cita: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), Doc. de la ONU A/CONF.183/9, 17 de julio de
1998, en vigor desde el 1 de julio de 2002, ratificado por Colombia el 5 de agosto de 2002, art. 7.
444
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 31, párr. 18.
445
Ibíd.
446
Principios para la Lucha contra la Impunidad de la ONU, adoptados el 8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1,
principio 19.
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Human Rights Watch Octubre 2008