¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal, o de manera
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. 471
En lo esencial, los delitos de lesa humanidad se encuentran entre los delitos más
graves para el derecho internacional. El juzgamiento de estos delitos en Colombia
debería incluir cargos que reflejen su gravedad. En Colombia deberían usarse los
mismos cargos y teorías de responsabilidad penal que se usarían ante la CPI. Estos
incluyen responsabilidad del superior, y otras formas de participación en la
planificación y ejecución de los delitos, como la participación a través de un grupo
de personas que actúa con una finalidad común, lo cual sería relevante para
políticos, miembros del Ejército, las personas que los financian y otros
colaboradores cercanos de los paramilitares. Es particularmente importante tener en
cuenta las diferentes formas de responsabilidad, a fin de establecer la culpabilidad
incluso en los casos en que la persona no está acusada de cometer directamente los
delitos que se le imputan.
Otro parámetro de especial relevancia en Colombia es el requisito de que las penas
reflejen la gravedad del delito. Es sumamente cuestionable si las penas reducidas
de cinco a ocho años previstas en la Ley de Justicia y Paz satisfacen este requisito,
dado que estas penas son significativamente más bajas que las penas aplicadas
habitualmente en los tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad,
incluso después de tomar en cuenta factores atenuantes como la colaboración del
acusado con los fiscales. Las reducciones de pena adicionales que el gobierno
colombiano ha establecido por decreto (que permite a los acusados computar 18
meses del tiempo destinado a las negociaciones, fuera del control del gobierno,
como tiempo efectivamente cumplido a efectos de la pena), agravan aún más el
problema y podrían permitir que personas condenadas por múltiples delitos de lesa
humanidad terminen cumpliendo penas de tan sólo tres años y medio.
Dada la gravedad de los delitos en cuestión, la reclusión debería ser la principal
pena que se aplique los condenados. Tal como se señaló previamente, las
principales penas de la CPI incluyen reclusión por una cantidad específica de años,
hasta un máximo de 30, o reclusión a perpetuidad, cuando lo justifiquen la extrema
471 Estatuto de Roma, art. 17.
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