¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

videoconferencia. 288 Parte del problema puede radicar en que, como resultado de las
extradiciones, los jefes paramilitares ya no tienen un incentivo significativo para
continuar las conversaciones con las autoridades colombianas. En cambio, es
probable que sus abogados les aconsejen que permanezcan en silencio hasta que
puedan llegar a un acuerdo en los Estados Unidos. De ese modo, si tendrán o no un
motivo para hablar sobre sus delitos y cómplices, dependerá en gran medida de
cuánto los presionen los fiscales de los Estados Unidos, y qué incentivos les
ofrezcan para hablar.
Qué podría hacer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Los líderes extraditados ahora se enfrentan a posibles penas prolongadas de prisión
en los Estados Unidos por sus delitos de narcotráfico. Además, el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos podría optar por realizar una investigación con miras
a juzgar a los líderes paramilitares por los múltiples hechos de tortura en los cuales
han participado, al amparo de una ley federal de los Estados Unidos que permite el
juzgamiento de personas extranjeras por hechos de tortura cometidos en el
exterior. 289 De ese modo, según cómo sean administradas por el Departamento de
Justicia, las extradiciones podrían tener consecuencias positivas en lo que respecta
a obtener justicia por los delitos cometidos por los jefes paramilitares. En la medida
en que las extradiciones han interrumpido la actividad delictiva de los jefes
paramilitares, es posible que también hayan debilitado sus estructuras criminales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría crear incentivos
significativos (usando la amenaza de aplicar penas máximas de prisión por delitos
288 “Salvatore Mancuso acusó a generales y congresistas en declaración vía satélite ante la Corte Suprema”, El Tiempo, 26 de
septiembre de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-26/salvatore-mancuso-acuso-a-generales-ycongresistas-en-declaracion-via-satelite-ante-la-corte-suprema_4566861-1
(consultado el 26 de septiembre de 2008).
289 El título 18 del Código de los Estados Unidos (United States Code, USC), artículo 2340A (la “Ley de Torturas”), establece
que “[c]ualquier persona que cometa o intente cometer hechos de tortura fuera de los Estados Unidos será multada en virtud
de este título o recibirá una condena de prisión por un máximo de 20 años, o ambos, y si de la conducta prohibida descrita en
este inciso se causara la muerte de otra persona, el perpetrador recibirá la pena capital o de prisión por una cantidad
indefinida de años o perpetua”. A su vez, la tortura se define como “un acto cometido por una persona que actúa con
apariencia de legalidad, cuyo objetivo específico es inflingir dolor o sufrimiento físico o mental graves (que no sea dolor o
sufrimiento incidental ante sanciones legítimas) a otra persona bajo su custodia o control físico”. Título 28 del USC, artículo
2340(1). Con la sanción de la Ley de Torturas, el Congreso intentó específicamente cumplir con las obligaciones de los Estados
Unidos en virtud de los artículos 4 y 5 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (“CCT”). H.R. Conf. Rep. No. 103-482, at 229 (1994) (que se refiere a la adopción del título 18 del U.S.C., § 2340
diciendo que “[i]mplementa la legislación para la Convención contra la Tortura”).
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