¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en - OLADD

sentencia de la Corte (es decir, la gran mayoría) pueden computar el tiempo
transcurrido durante las negociaciones en Santa Fe de Ralito como tiempo
efectivamente cumplido a efectos de la pena. 36 Ambas disposiciones son,
evidentemente, incompatibles con la decisión de la Corte que establece claramente
que no pueden proporcionarse beneficios en la aplicación de la pena que sean
adicionales a las ya significativas reducciones de la pena. 37
Varias otras disposiciones de los decretos debilitaron las obligaciones de los
paramilitares de pagar indemnizaciones. 38 Además, a pesar de que la Ley de Justicia
y Paz establece que los paramilitares deben devolver los bienes ilegales al momento
de desmovilizarse como un requisito de “elegibilidad” para poder gozar de los
beneficios de la ley, en uno de los decretos, el gobierno fija plazos flexibles para la
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Decreto 3391 de 2006, 29 de septiembre de 2006, art. 20,
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2006/septiembre/29/dec3391290906.pdf (consultado el 11 de
agosto de 2008). El decreto también autoriza a los paramilitares a entrar voluntariamente en establecimientos designados por
el gobierno, aún antes de que sean condenados. Estas personas podrán, luego, computar como parte de sus penas todo el
tiempo cumplido en dichos establecimientos. Decreto 3391 de 2006, art. 11. Por lo tanto, el tiempo que los jefes cumplieran
voluntariamente en un centro de reclusión en La Ceja, Antioquia, en 2006, se computaría como tiempo efectivamente
cumplido de sus penas.
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El gobierno ha sostenido que el decreto es compatible con la sentencia porque esta no es retroactiva, y las disposiciones
inconstitucionales ya se habían aplicado al momento de la sentencia. Decreto 3391 de 2006, art. 20; “Gobierno Expedió
Decreto 3391, Reglamentario de la Ley de Justicia y Paz”, 29 de septiembre de 2006,
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/septiembre/29/11292006.htm (consultado el 11 de agosto de 2008).
Sin embargo, este argumento es infundado, dado que, cuando la Corte dictó la sentencia, la ley aún no había sido aplicada y,
al momento de las negociaciones, ni siquiera existía. Por lo tanto, los paramilitares que participaron en las negociaciones no
lo hicieron para obtener los beneficios específicos de dicha ley.
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Los decretos establecen que los paramilitares pueden cumplir sus obligaciones en materia de reparación entregando
tierras para usarlas en “proyectos productivos” para víctimas y combatientes “reinsertados”. Decreto 3391 de 2006, art. 17,
párr. 1. El decreto también establece que el gobierno seleccionará establecimientos en los cuales se implementen “programas
restaurativos dirigidos a restablecer… los vínculos entre las víctimas... y los ofensores, incluyendo…. proyectos productivos”.
Decreto 3391 de 2006, art. 13. En la medida en que esta disposición obligue a las víctimas a participar en los “proyectos
productivos” con los responsables de los delitos para poder recibir una reparación, esta disposición viola el derecho de las
víctimas a recibir reparaciones. Además, es posible que las tierras devueltas por los militares, en realidad, hayan sido
robadas a víctimas que ahora están desplazadas y que tienen derecho a que se les restituyan sus tierras. Otro problema es
que los decretos permiten que los jueces tengan en cuenta diversos factores, además de la gravedad de la violación y el daño
causado a las víctimas, al decidir sobre la reparación para estas. Decreto 3391 de 2006, art. 17 (“Para establecer las
obligaciones en que consistirá la reparación, además de los daños causados que aparezcan acreditados y de la forma de
reparación que se pretende la autoridad judicial competente tendrá en cuenta los criterios formulados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, las circunstancias del caso concreto alusivas al número de víctimas, las eventuales
obligaciones pecuniarias, capacidad económica del bloque o frente y de los desmovilizados penalmente responsables, y
demás aspectos que resulten relevantes para el contexto”). En especial, los decretos establecen que los jueces deben tomar
en cuenta, entre otras cosas, la “capacidad económica del bloque o frente y de los desmovilizados penalmente
responsables….” Ibíd. Esta disposición es contraria al derecho internacional, porque permite que la capacidad de pago de
quienes cometen los delitos incida en la determinación de la reparación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y
primeras diligencias judiciales”, OEA/Ser. L/V/II 129, Doc. 6, 2 de octubre de 2007, párr. 98. La víctima conserva el derecho a
recibir reparación, y esta debe determinarse teniendo en cuenta la gravedad de la violación y la magnitud del daño sufrido por
ella. Si se comprueba que el autor del delito no puede pagar, este hecho no debería afectar la reparación, ya que es el Estado
quien deberá asumir la obligación de reparar a la víctima.
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Human Rights Watch Octubre 2008