MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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La falta de recursos económicos, la falta de comprensión del tema, y hasta la desidia podrían ser
los factores que hayan impedido que esta política de promoción del Poder Judicial no se haya
concretado. La Defensoría de los Habitantes de la República le viene dando seguimiento a estas faltas y
las ha referido en sus informes anuales.
Se conocen de esfuerzos que ha realizado la CONAMAJ (que es una Comisión interinstitucional
que se encarga de promover la administración de la justicia), así como la Contraloría de Servicios del
Poder Judicial en torno al tema del conocimientos de la realidad de los pueblos indígenas, pero estos
esfuerzos son asistemáticos y generalmente sin la posibilidad de coordinar con las entidades indígenas.
c) La preparación de los juzgadores para conocer asuntos relacionados con los pueblos indígenas. El
caso de la jurisprudencia constitucional que interpreta erróneamente el Convenio 169 de la OIT al
declarar a la CONAI ente representativo indígena.
Este último asunto que interesa destacar tiene que ver con lo concerniente a las respuestas del
sistema judicial (o administrativo) a los reclamos indígenas. Es un aspecto que del mismo modo caracteriza
algunos de los males propios de la justicia en Costa Rica, es el referente al problema de la preparación de
los juzgadores.
En el tema de los derechos indígenas resulta más que evidente, ya que en general a los estudiantes
de derecho no se les da dentro de los programas de formación universitaria esta preparación. Pero el
asunto que se refiere concerniente a este punto, tiene más que ver con una crítica sostenida que se viene
haciendo a la jurisprudencia de la Sala Constitucional la cual en reiterados fallos ha venido sosteniendo la
concepción de que el ente gubernamental CONAI es un “ente representativo indígena”, tomando como
fundamento para su dicho el Convenio 169 de la OIT.
Ya se presentó el caso en el anterior inciso 3.a.2. de los prejuicios de los juzgadores al exigir sin
fundamento legal alguno la presencia de la CONAI en los procesos de reclamo judicial que llevan a cabo
las propias comunidades indígenas.
Otro de gran trascendencia es el que se da con la interpretación que hace algunos años viene
haciendo la Sala Constitucional, al considerar que la CONAI (el ente gubernamental encargado del tema
indígena) es un ente representativo de los pueblos indígenas.
Se cree que la posición que defiende la Sala Cuarta, surge de una interpretación errónea de la
letra y el espíritu del Convenio 169 de la O.I.T., porque supone que es una responsabilidad del Estado
promover la consolidación de un ente indígena, con el cual el Estado pueda relacionarse para discutir o
decidir sobre el destino de estos pueblos. Siendo que lo único cierto -atendiendo al principio de
autonomía que refiere el citado Convenio-, es que al poder público solo le debe preocupar cómo él mismo
se organiza para relacionarse con los pueblos indígenas, y no cómo estas comunidades se ordenan para
ese fin (ya que esto es materia reservada a la propia e interna dinámica de las comunidades indígenas).
Frente al desarrollo que en Costa Rica comenzó a tener a partir de la década de los 90 el
movimiento indígena que adversaba a las autoridades de CONAI, los dirigentes indígenas agrupados en
la referida institución se plantearon como estrategia reivindicar a la institución como centro de acción
indígena de Costa Rica. Ello sucedía en momentos en que diversas asociaciones civiles indígenas
llevaban a cabo proyectos propios de desarrollo regional, sin la participación de CONAI como había
sucedido hasta el momento. Estas entidades indígenas no gubernamentales (bajo diversas formas)
venían desde hacía muchos años criticando los incumplimientos estatales, y en especial la negligencia de
CONAI como apoyo a sus comunidades.
En el año 1992, un grupo de personas relacionadas con las autoridades que administraban
CONAI, con el afán de ir posibilitando su tesis de que esta entidad era la única representante de los
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