MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

Apdo. 10.913 – 1000 San José, Costa Rica, C. A
Teléfono y Fax: 506 253 - 8523 e-mail: mesaindigena@yahoo.com
(la Ley Indígena de 1977). Intereses políticos diversos han incidido en que no haya voluntad política
gubernamental de poner a discutir su texto.
NOTAS INICIALES.
El presente Informe sobre la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica
ha sido elaborado por diversas instancias que colaboran y apoyan esfuerzos por la reivindicación de los
derechos de los pueblos indígenas, tal como es el caso de la Mesa Nacional Indígena (M.N.I.) y el “Foro
Nacional de Pueblos Indígenas y Organizaciones Amigas”.
La idea de presentar este informe para el 122º período ordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, surge por una necesidad que visualizan las diversas
organizaciones que promueven este informe de impulsar una nueva estrategia de reclamo de los
derechos, esta vez utilizando los estrados del derecho internacional. Para ello se ha contado con la
colaboración del “Centro por la Justicia y el Derecho internacional” (CEJIL) Programa para Centroamérica
y México, quien ha dado orientaciones para la presentación de este informe y para la audiencia que se
solicita a la Comisión interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de las estrategias de acción política que se han fijado, en el caso de la Mesa Nacional
Indígena de Costa Rica, está la presentación de un documento donde se analiza el impacto del Decenio
sobre los pueblos indígenas para el caso de Costa Rica (Ver Anexo, Sección Estudios y Documentos de
Análisis, Documento 1), lo mismo que acerca de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en este país.
En los últimos años, especialmente después de 1992 cuando se organizaron diferentes acciones
por la reivindicación de sus derechos, el movimiento indígena intentó alcanzar diversos objetivos, algunos
de los cuales se consiguieron, pero otros muchos fueron negados o mediatizados.
Entre los contenidos que se lograron a través de los años, se puede citar la aprobación del
Convenio 169 de la OIT en 1992, que implicó un cambio positivo en la concepción de la vida de los
pueblos indígenas dentro de la estructura política del sistema, y de algún modo, la jurisprudencia
coherente con la autodeterminación indígena que por parte de la Sala Constitucional. Mientras que otras
muchas situaciones, pese a los esfuerzos históricos realizados, no fructificaron. Entre estas, está el caso
del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (acerca del cual se hace
referencia en el aparte B de este Informe) que con más de 10 años de estar en la corriente legislativa
nunca pudo ser aprobado; y la lucha por incidir en la transformación de la CONAI, lo cual no se logró en
razón de las acciones gubernamentales de mediatización que han venido caracterizando la relación
Estado/Pueblos indígenas.
Todos estos hechos han ido configurando un modo de organización indígena que a partir de fines
del siglo XX ha ido llevando a cabo diversas luchas a nivel regional o comunal, como en el caso de las
acciones en defensa de los recursos naturales que impulsan los pueblos indígenas de Talamanca Bríbri y
Cabecar, o la oposición al levantamiento de la gran represa hidroeléctrica de Boruca que afecta a las
comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de Puntarenas, o las gestiones para reivindicar
tierras cercenadas que han protagonizado los Malekus en Guatuso. O más recientemente denunciando
ante la Defensoría de los Habitantes de la República el “Plan Nacional de Desarrollo Indígena” que se
ideó en la Administración del Presidente Miguel Angel Rodríguez y continuó en la presente, del Dr. Abel
Pacheco, y que siendo creado y concebido exclusivamente por las instancias estatales sin la participación
de las comunidades indígenas, se presentó injusta y falsamente como una propuesta conjunta entre el
gobierno y los pueblos indígenas.
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