MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

D. Violación de los derechos territoriales.
Apdo. 10.913 – 1000 San José, Costa Rica, C. A
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Este representa el más crónico de los derechos violentados a estas comunidades si se toma en
cuenta que en el sistema costarricense pese a que hay un reconocimiento legal a sus jurisdicciones, en la
práctica existen innumerables formas de soslayar su reconocimiento, pero especialmente una histórica
falta de voluntad política de los sectores gubernamentales por asumir esta problemática.
La base de la tutela de los derechos territoriales indígenas en Costa Rica, y sobre las que orbitan
todos los problemas relacionados con este asunto, es la característica especial de este tipo de áreas,
según los términos del artículo 3 de la Ley Indígena. Ese precepto establece que las tierras de los
pueblos indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades
indígenas que las habitan.
Pero en Costa Rica, las tierras indígenas pese a tener esas características, lo que supuestamente
asegura el derecho de estos pueblos, son constantemente violentadas, y en muchas de estas, la mayoría
de la población es no indígena como producto de invasiones, desplazando así a las personas indígenas
que en razón de la permanencia de sus ancestros, se mantienen ahí desde tiempos inmemoriales.
Pese a que existen infinidad de problemas relacionados con el tema de los derechos territoriales,
este informe se concentra en tratar algunos de los que se consideran los más trascendentes. El listado de
los mismos, es el siguiente:
• Participación de las comunidades indígenas en la defensa de estos derechos.
• El ordenamiento territorial indígena (demarcación de tierras).
• El papel del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
• La posesión y propiedad no indígena dentro de los territorios. Los procedimientos de
recuperación de tierras indígenas.
1. Principales problemas relacionados con los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
a) Participación de las comunidades indígenas en la defensa de estos derechos.
Dentro del contexto que refiere el Convenio 169 de la OIT , se plantea en casi todos los asuntos
un papel muy activo de las comunidades indígenas en la administración de sus intereses. El numeral 6
del Convenio 169 de la OIT señala este principio, al preverse que toda medida legislativa o administrativa
que pudiera afectar a estos pueblos debe tener previamente una consulta a los mismos. En el caso de los
derechos territoriales indígenas esta situación no siempre ha sido asumida.
Pese a que en realidad existe muy poca información que se pueda transmitir, ya que no hay
estudios que se aboquen a analizar las condiciones de la tenencia de la tierra en estas áreas, lo cierto es
que tampoco se estimula esto en los diversos ámbitos.
Inclusive, pese a que se infiere de la letra y los principios del Convenio 169 de la OIT el derecho
de participación indígena en todo asunto que tenga que ver con sus tierras, en algunos casos las
entidades estatales actúan sin tomar en cuenta el parecer de las comunidades (aduciendo que es
complicada la estructura decisoria en las jurisdicciones indígenas) o bien desconocen las disposiciones
que así los obligan.
Un caso interesante es el de la ley Nº 8154 de 27 de noviembre del 2001, por medio de la cual la
Asamblea Legislativa aprobó el Convenio de Préstamo Nº 1284/OC-CR denominado “Programa de
Regularización del Catastro y Registro”, suscrito desde el 1º de febrero de 2001, entre la República de
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según este Convenio en las labores de apoyo
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