MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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A. El Estatuto Legal Indígena vigente para tutelar los derechos de los Pueblos Indígenas: La Ley
indígena de Costa Rica de 1977.
1. Las deficiencias del estatuto.
De la Ley Indígena en el momento histórico que se emite, se distingue por su sentido coincidente
con las tesis del “etnodesarrollo” muy en boga a fines de la década de los setenta del siglo XX. Esta
corriente consistía en valorar la historicidad de la cultura indígena aceptándola como una concepción del
mundo tan válida como cualquier otra y cuya expresión política se orientaba por la “autodeterminación de
los pueblos indígenas”, es decir, el desarrollo pleno de estos pueblos para que por sí solos definieran sus
prioridades y modos de desarrollo. Su texto (Ver Anexo Texto Ley Indígena) reivindica de otra manera
principios como el de “identidad indígena”, “autogobierno” y “derecho territorial”.
No obstante lo anterior, luego de casi 30 años de estar en vigencia esta ley, los resultados en los
temas fundamentales son muy deficitarios.
Pese a que se estableció el derecho de los pueblos indígenas a organizarse en sus estructuras
comunitarias tradicionales (Artículo 4 de la Ley), se declinó aceptar las estructuras ancestrales y en vez
de estas se planteó como marco regulador de este derecho una ley nacional con poca identidad hacia los
pueblos indígenas (lo cual se recuenta en el aparte C.2 de este informe).
En algunos casos en Costa Rica, diversos intereses económicos muy poderosos, y otros
políticos, han logrado injerencia dentro de las ADI con la finalidad de conseguir objetivos particulares (ese
fue el caso de las estrategias que se impusieron diversas empresas mineras, en la década de los 80 del
siglo XX, con el fin de lograr autorización de las comunidades indígenas para la explotación de los
territorios). Pero también esta presión de poder la han ejercido a través de los años personas no
indígenas poseedores de grandes extensiones de tierra, con el fin de no encontrar oposición a sus ansias
de conseguir más.
La voluntad política del mismo modo no alcanzó para hacer realidad las especificaciones de esta
normativa en el tema de los derechos territoriales. Pero tampoco en lo concerniente a los derechos
ambientales y otros de igual trascendencia.
El aspecto más criticable relacionado a los problemas de aplicación de la ley, es el de la
organización administrativa para posibilitar los derechos contemplados en el cuerpo normativo, ya que
casi ningún funcionario de la administración pública conoce la normativa y por consiguiente no la visualiza
en los casos de sus competencias. Pero no deja de ser tampoco vital la falta de recursos financieros para
respaldar los derechos que tutela la normativa.
El tema de los recursos económicos para apoyar la defensa de los derechos indígenas es el más
evidente de los incumplimientos estatales, ya que no obstante que esta ley dispuso determinados montos
para sufragar gastos concernientes a la recuperación de tierras, estos montos nunca se emitieron de
manera oportuna. Pero del mismo modo no se contemplaron dineros para instrumentalizar otros derechos
contemplados en la Ley Indígena.
A lo largo de este informe se evidencian casos de desaplicación de la Ley Indígena, sin embargo
el objetivo de este inciso es el de evidenciar las más destacables insuficiencias que padece.
Las limitaciones y obstáculos fundamentales que se pueden advertir a la Ley Indígena,
son las siguientes:
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