MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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2. En la forma de gobierno (“Asociaciones de Desarrollo Comunal”).
La Ley Indígena en su artículo 4 dispone que los territorios indígenas serán regidos por los
indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo
la coordinación y asesoría de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).
El sistema costarricense requiere que las expresiones colectivas tengan una personería jurídica
reconocida con el fin de que estas puedan desplegar efectos jurídicos en sus actividades. En los
territorios indígenas esa personería es importante pues las comunidades indígenas son las propietarias
registrales de las tierras, requieren ser representadas en diversas instancias (contratos, juicios, entre
otros).
Este numeral es una consecuencia de la manera como el ordenamiento jurídico concibe la vida
de los pueblos indígenas, por un lado reconociendo la trascendencia histórica de la organización propia
indígena, pero enseguida limitándola al sujetarla a los designios (aunque sea solo en las funciones de
“coordinación” y “asesoría”) por parte de la entidad estatal indigenista.
Pero en este como en la mayoría de los casos, la balanza siempre queda inclinada por el poder
de las entidades que no son propias de las comunidades. Así por medio del Reglamento a la Ley
Indígena emitido en 1978 se dispuso que en estas jurisdicciones se establecerían las “Asociaciones de
Desarrollo Integral” (ADI) con base en una ley de la República de 1968 que no supone ninguna
diferenciación en el trato de estas organizaciones respecto a otras localidades del país, es decir que el
principio de “estructuras comunitarias tradicionales” se diluye en una ley que no reconoce ninguna
característica de la identidad indígena, y esto ha traído consecuencias muy nefastas a algunas
comunidades.
A través de los años, las personas indígenas han tenido que lidiar con la administración de las
ADI pues al ser una manera de organización propia de la sociedad no indígena, se presentan exigencias
de forma que muchas veces los/las miembros de las poblaciones indígenas no tienen elementos de
conocimiento para aceptarlas (por ejemplo se supone que hay trámites de impugnación de acuerdos que
tienen plazos determinados para ser presentados, se deben redactar actas en español; se deben
diligenciar personerías ante la administración, entre otros) y ello pone a estas comunidades muchas
veces en situación de desventaja. Pero lo más importante es que la normativa que regula a las ADI –
como se dijo- no hace ninguna referencia a las particularidades de estos pueblos. Esto se aprecia en la
propia institucionalidad, ya que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) no
atiende estas estructuras bajo la especificidad indígena, en razón de que debe de trabajar con todas las
del país y no tiene recursos para dar ese tratamiento particular a estas.
Los ajustes con el fin de crear un sistema que admita la creación de personerías jurídicas para las
comunidades indígenas han sido planteados en las diversas versiones de la “Ley de Desarrollo Autónomo
de los Pueblos Indígenas” (Ver aparte B de este Informe), con la constitución de los Consejos Indígenas.
Sin embargo esta posibilidad es aún remota.
En algunos territorios las ADI no tienen afiliación que alcance ni siquiera el 60% de la población
indígena, así el factor de la representatividad podría incidir en la idea de no aceptarlas como un "gobierno
local (representativo). En muchos de los territorios indígenas, las personas indígenas se reúnen en
pequeñas localidades o “caseríos” que muchas veces está muy distantes del que se podría llamar el
“centro de poder” de la jurisdicción indígena
Finalmente, en casi todos los territorios, las cosas verdaderamente importantes son decididas en
instancias que no son las ADI, ello por muchos factores: porque hay instancias locales más
representativas, porque la sede de la Junta Directiva de la ADI está lejana, porque en la Junta Directiva
de la ADI la integran personas que no tienen buena relación con el líder de cierta localidad, entre otros
casos.
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