MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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Conflictos (conocido como RAC). Sin embargo existen algunas limitaciones al respecto. La primera es el
desconocimiento de este sistema por parte de las personas indígenas. Luego el problema del idioma en
el caso de comunidades donde se hable la lengua propia. Y finalmente la cuestión acerca de si es posible
aplicar este mecanismo tratándose de áreas inalienables y exclusivas de los indígenas–en cuanto a
decidir situaciones con personas no indígenas que alegan derechos-.
Un punto fundamental en los derechos indígenas a este respecto es que las comunidades
indígenas no tienen oportunidad de incidir en las políticas públicas relacionadas con el ordenamiento
territorial. Un caso se dio cuando las autoridades gubernamentales modificaron completamente el área
del territorio indígena de Kékoldi en Talamanca, por medio del Decreto Ejecutivo número 25294-G del 24
de junio de 1996 cercenando de esta jurisdicción la rica zona costera (que poco tiempo después se llenó
de hoteles). Por medio de la Resolución Nº06188-98 la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso ya
que se consideró que no era un asunto de violación a un derecho constitucional sino de carácter legal. En
este caso no se cercenó la cabida del territorio, sino que se varió su localización, y se le concedieron tierras a
la comunidad indígena que luego se determinó que estaban habitadas por campesinos precaristas no
indígenas desde muchos años antes.
c) El papel del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
El ente estatal encargado del asunto agrario en el país es el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
La Ley Indígena le atribuye responsabilidades en el tema de la recuperación de tierras, y de su ley
constitutiva se infiere que también tendría obligaciones en el apoyo del desarrollo agrario dentro de las
comunidades.
Esta institución sin embargo, pese a que en los años ochenta asumió algunas funciones dentro
de los territorios indígenas (creando una Oficina encargada del tema, nombrando personas indígenas
como funcionarios con el cargo de “guarda reservas”) en los años siguientes se desinteresó
absolutamente del tema indígena, alegando que era la CONAI la encargada de esa responsabilidad. Así
el IDA cerró la Oficina encargada de asuntos de tierras indígenas e intentó despedir a todos los “guarda
reservas”, lo cual no consiguió en razón de una impugnación que estas personas presentaron ante la
Sala Constitucional.
El último aspecto que enfrentó a la institucionalidad del IDA con el derecho territorial indígena se
dio con base en un reclamo que presentaron las comunidades de Boruca, Térraba y Curré cuando le
exigieron a la entidad el cumplimiento del traspaso de las tierras a favor de estas comunidades conforme
la Ley Indígena lo había dispuesto en su artículo 9 desde el año 1977. La sentencia de la Sala
Constitucional Nº3468-02, declaró con lugar ese derecho y ordenó al IDA realizar los actos de traspaso
(Ver Anexos. Sección Jurisprudencia.). Esa gestión implicó una cuantiosa inversión de recursos en vista
de que se realizaron por primera vez levantamientos topográficos para inscribir esos territorios a nombre
de las comunidades indígenas.
El asunto de estos traspasos no se ha finiquitado al momento de redacción de este informe, ya
que en razón de la existencia de
Aunque en la última administración ha habido algunas aperturas al tema indígena, en general no
se percibe un cambio en la voluntad política de los jerarcas del IDA para asumir el tema del derecho
territorial indígena.
d) La posesión y propiedad no indígena dentro de los territorios. Los procedimientos de recuperación de
tierras indígenas.
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