MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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La Ley Indígena estableció en el año 1977 la obligación del Estado de crear un fondo para
atender la recuperación de tierras, con la finalidad de lograr que en estas jurisdicciones se garantizara la
permanencia exclusiva de personas indígenas.
Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica
(CHACON, Rubén; CAJIAO, María Virginia; y GUEVARA, Marcos. El Estado y la recuperación de tierras
en las Reservas Indígenas de Costa Rica. (Análisis del aporte estatal para la recuperación de tierras en
los territorios indígenas de Costa Rica). San José, Publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 2001.) determinó que tales fondos originales
nunca fueron erogados en el ritmo que fijó la normativa en 1977, y que inclusive para la fecha en que el
estudio terminó, no era posible determinar que la suma inicialmente consignada se haya podido invertir a
lo largo de esos más de 25 años que han trascurrido desde el año de aprobación de la mencionada ley.
En términos generales, por desconocimiento y por desinterés de las autoridades encargadas del
tema, no hay cuestionamiento acerca de los derechos de las personas no indígenas que se mantienen
dentro de los territorios indígenas, por ello la respuesta a todos los casos que tienen que ver con la
permanencia de estas personas en las jurisdicciones indígenas, solo es el pago de las indemnizaciones.
Esta situación ha traído importantes desventajas, ya que ello ha fomentado que personas no indígenas
invadan tierras de las personas indígenas y simplemente queden a la espera de los pagos de las tierras
invadidas.
Como en general no ha habido a través de los años recursos para sufragar estos gastos, en
algunos casos las indemnizaciones a las personas no indígenas surgen como producto de acuerdos
directos entre el particular y las entidades encargadas del pago (la CONAI). Esto a su vez provoca serios
cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República. Las comunidades indígenas y sus
organizaciones en general no están al tanto de estos procedimientos que lleva a cabo la CONAI.
El principio es que las personas no indígenas que habitan dentro de estas tierras de los pueblos
indígenas reciban una indemnización por las mejoras que han realizado a sus parcelas en caso de ser
únicamente poseedores, y por tales mejoras y el valor de la tierra cuando tienen derechos inscritos en el
Registro Público (por ser propietarios de esos tierras). En general como la mayoría de los territorios
indígenas surgen a partir de los años setenta del siglo XX, se considera que solo puede ser resarcido
quien alegue derechos (de posesión o propiedad) por mantenerse allí antes de que esas áreas se
declararan como inalienables. Pero eso no ha sido valorado en general por los procesos indemnizatorios
que se han promovido en muchos casos. Inclusive, en el caso de las tierras indígenas localizadas en la
región de Buenos Aires de Puntarenas, con relación a estas hay disposiciones que consagran la
inalienabilidad y exclusividad indígena de estas tierras, desde los años 50 del siglo XX.
De manera que el Estado costarricense ha gastado sumas exorbitantes resarciendo a personas
que no tenían derecho.
Diversas organizaciones indígenas han comenzado a advertir a las autoridades de este hecho, y
en función de esto suscribieron un documento en el cual establecen los supuestos que implica el pago de
indemnizaciones a personas no indígenas que habiten en los territorios indígenas (Ver Anexo. Sección
Estudios y Documentos. Documento 5).
Un caso que evidencia el tratamiento que el Estado costarricense ha venido dándole a estos
casos es el de una mujer indígena que desde hace casi 15 años viene reclamando de una persona no
indígena la usurpación de una parte de su parcela. En algún momento la CONAI le sugirió que firmara un
acuerdo por medio del cual esa institución pagaría al no indígena por esa parcela y luego se la devolvería
a ella. Esto provocó el rechazo de la mujer indígena, en razón de que dineros que podrían destinarse a
mejora en su comunidad se dirigirían a pagar a una persona que no tenía derecho a esos montos.
El problema de la pusilanimidad del Estado para atender la defensa y recuperación de tierras
indígenas, ha sido objeto de estudios realizados por la prensa nacional, e inclusive de editoriales de los
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