MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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1. Hay una carencia absoluta de voluntad política para reivindicar derechos de
avanzada que la misma estableció, tales como el derecho de los pueblos indígenas a
organizarse en sus estructuras comunitarias tradicionales.
2. La Ley que regula la estructura legal que rige a las comunidades indígenas (Ley de
Asociaciones de Desarrollo) no fue constituida pensando en la realidad indígena. Por
otro lado, este tipo de entidades históricamente han sufrido los embates de los
intereses políticos, que muchas veces los determina a favor de diversas tendencias.
3. La Ley que regula a las ADI en Costa Rica, no es garantía para lograr que las
comunidades indígenas se expresen libremente y al tenor de los derechos de
autodeterminación que consagra el Convenio 169 de la OIT. (que fue aprobado por Ley
de 1992 y ratificado ante la OIT en abril de 1993).
4. La Ley indígena ha demostrado a través de los años, que no es suficiente para
posibilitar a las comunidades indígenas la defensa de sus territorios, pues aunque
desde el punto de vista jurídico mantiene algunos lineamientos sólidos, al momento de
instrumentalizar algunos de esos derechos contemplados su eficacia se vuelve
discutible. Muestra de eso es que pese a que esta norma refiere en su artículo 3 que
solo los indígenas habitarán en las tierras de estos pueblos, en algunos territorios la
ocupación (legítima e ilegitima) de personas no indígenas alcanza entre un 70% y un
80% (tal es el caso de los territorios de Térraba y Guatuso, para citar solo dos).
5. No existe una sola estrategia nacional para capacitar a los funcionarios públicos (de
todos los poderes) acerca de los términos de la Ley Indígena, y pese a que el Plan
Nacional de Desarrollo, así lo previó. La CONAI –que es el ente encargado de controlar
la ejecución de este objetivo- ha manifestado su imposibilidad para cumplir esa función
(Ver Anexo. Estudios y Documentos de Análisis. Documento 2).
6. La falta de asignación de los recursos económicos necesarios para garantizar el
respeto de los derechos indígenas que señala esta ley, es el incumplimiento estatal
más evidente con relación a este cuerpo normativo.
7. En términos generales, los funcionarios públicos que trabajan en zonas cercanas a
los territorios indígenas no conocen los términos de la Ley indígena.
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