MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

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al ordenamiento territorial –que se apoyaría en parte con los fondos que integra este instrumento- habría
una amplia participación indígena, por medio de la denominada “Comisión Interinstitucional de Asuntos
Indígenas” (CIAI) a la cual se le encarga designar representantes en forma coordinada con la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), las Asociaciones de Desarrollo Indígena, la Mesa Nacional
Indígena y otras organizaciones tradicionales. Esta comisión nunca se activó y solamente dieron
participación a la CONAI dentro de la Comisión Ejecutora.
Otro de los problemas que se presentan en torno al asunto de la participación indígena en la
defensa de sus derechos territoriales tiene que ver con la falta de instrumentos técnicos y materiales para
lograr ese objetivo. Como se refiere en el punto 3 de este inciso c. las faltas que acusa el sistema de
justicia imperante en la celeridad de los procesos es una limitación importante, y si no se cuenta con
asistencia técnica, los asuntos se vuelven más difíciles de resolver.
La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas tiene responsabilidades en el campo de la defensa
de los derechos, sin embargo tampoco cumple estas funciones, pese a que en su personal cuenta con
varios profesionales en derecho. Al menos la mayoría de los territorios indígenas no cuentan con esa
asistencia y en algunos casos (los más conspicuos son los de las comunidades de Salitre en el Cantón de
Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, y e Talamanca Bríbri y Talamanca Cabecar en la provincia
de Limón) es la propia comunidad indígena la que lleva estos procesos de defensa territorial.
b) El ordenamiento territorial indígena (demarcación de tierras).
Desde la década de los años setenta del siglo XX los territorios indígenas fueron demarcados
bajo técnicas geográficas, en las cuales se definía la demarcación de las áreas por medio de
coordenadas y lugares. Esto trajo como consecuencia que se emitieran diversos Decretos Ejecutivos en
este sentido.
Una vez emitidos estos Decretos, las áreas indígenas quedaron demarcadas y de esa manera se
alegaron las descripciones geográficas para referir las jurisdicciones. Este sistema, sin embargo, no ha
sido tan efectivo, pues aunque es factible hacerlo a partir de un mapa (u hoja cartográfica) sus referencias
a veces resultan muy imprecisas. Por ello es que para evitar esas fallas, se exigió en los últimos años que
las demarcaciones se hicieran amparadas en sistemas de ubicación topográfica. Esto es excesivamente
más caro pues requiere el levantamiento de la información en el sitio por parte de profesionales en la
materia.
Las tierras indígenas (en su mayoría) están demarcadas cartográficamente, pero no en el sitio. A
esta limitación hay que agregarle que tampoco existen “signos externos” (los llamados mojones) en la
mayoría de las tierras que indiquen el límite de un territorio.
Pero tampoco el sistema le ha dado a las organizaciones indígenas otros instrumentos para
asegurar sus derechos. Por ejemplo pese a que las disposiciones jurídicas –como se dijo arriba- refieren
términos geográficos complicados que remiten siempre a las hojas cartográficas, en casi ningún territorio
hay personas de las comunidades que sean conocedoras de estos temas, como tampoco en las
instituciones estatales, o en los entes administradores de justicia.
Si el problema de la demarcación territorial incita confusiones, la situación interna es peor
tomando en cuenta que los decretos solo se refieren al entorno del territorio y no a las áreas internas. Es
aquí donde se presentan los mayores problemas, no solo con relación a personas no indígenas que
reclaman áreas, sino entre personas indígenas por supuestos actos de invasión que se dan entre las
mismas personas indígenas.
Dentro de las estrategias que se proponen para superar los problemas de tierra (demarcación,
invasiones, confusiones, entre otras) se viene proponiendo el mecanismo de la “Resolución Alterna de
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