Seminario: Agenda corta antidelincuencia - Defensoría Penal Pública

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Extensión
del procedimiento penal. El control de identidad y la detención en caso
de flagrancia, aquí está la primera hipótesis de trabajo: pienso que hay
que situarlas dentro de la noción de procedimiento penal y puntualmente
dentro de esa noción amplia que da el artículo 7 del Código Procesal
Penal, que es la “primera actuación del procedimiento”.
Este es el primer aspecto que me interesa destacar. La verdad que estas
figuras me complican desde hace tiempo, y ahora más, porque se
han fortalecido -en mi opinión- de un modo negativo para los derechos
del ciudadano. Por lo mismo, considero que de acuerdo a lo que dice
el artículo 7 del Código Procesal Penal estas actuaciones forman parte
del procedimiento penal. Son o cuadran con aquella definición que
hace la ley de “primera actuación del procedimiento”, toda vez que se
ajusta a aquella parte amplia de la norma que dice “cualquier diligencia
o gestión sea de investigación, de carácter cautelar o de cualquier otra
especie” que realice la policía.
De modo tal que como primera hipótesis de trabajo planteo que el procedimiento
penal no comienza solamente por las tres formas que indica
el Código Procesal, o sea denuncia, querella o de oficio por el Ministerio
Público, también puede empezar por control de identidad o detención
en caso de flagrancia. Esto me parece relevante, porque si se inicia ahí
el procedimiento, surgen todas las garantías del imputado, entre las
cuales está la debida asesoría jurídica y el derecho a guardar silencio.
La segunda hipótesis de trabajo dice relación con las facultades de
investigación autónoma de la policía que surgen con motivo de la reforma
en análisis, las que retomaré en un rato más. Me parece que las
facultades no cuadran con el artículo 83 de la Constitución Política,
que señala que al Ministerio Público le corresponde dirigir en forma
exclusiva la investigación penal. A partir de la reforma, la policía tiene
un campo autónomo de actuación en la investigación, sin fiscal y por
cierto, sin juez. Pero resulta que la Constitución indica de un modo -en
mi opinión- perentorio, que corresponde al Ministerio Público dirigir en
forma “exclusiva” la investigación penal. Entonces, estas facultades a
las que me referiré en un rato más, escapan de ese mandato constitucional.
Por lo tanto, pareciera ser que esto no se ajusta al artículo 83.