Seminario: Agenda corta antidelincuencia - Defensoría Penal Pública

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Extensión
cerciore de que la persona controlada no porta armas para evitar algún
peligro para la integridad física de los policías, en este sentido se
pronunció el profesor Julián López Masle, citando jurisprudencia Norteamericana
9 . Por lo tanto, lo interesante está precisamente en determinar
qué tan intensivo puede ser el registro, para que esto no se transforme
en verdaderas diligencias investigativas sin la instrucción del fiscal ni
el debido control del Juez de Garantía. Creo que en la interpretación
de las facultades sobre registro en el marco de un control de identidad,
las limitaciones tienen que ser severas, es decir la norma debe
interpretarse de manera bastante restrictiva, porque efectivamente se
corre el peligro de que esta actuación se transforme en una especie de
actuación de investigación que afecta garantías sin la dirección de la
fiscalía y sin la autorización del Juez de Garantía. Así, creo que en el
contexto de un control de identidad la policía no podría, por ejemplo,
revisar la ropa interior de las personas, ni rajar parte del chassis del
auto para ver si encuentra droga. Me parece que si el fundamento del
registro era evitar esta peligrosidad inicial para la integridad física de la
policía, claramente el exceso en el registro traería como consecuencia
problemas en la legalidad de la detención y respecto de la licitud o
ilicitud de las evidencias emanadas de la diligencia defectuosa 10 . Lo
anterior adquiere aun mayor importancia si se considera que el plazo
9 Así lo refirió en la tramitación parlamentaria López Masle (Piedrabuena, Guillermo en “Agenda
Corta Antidelincuencia”, pg. 97, Editorial Legis, 2008.
10 El material probatorio recabado no podrá ser utilizado por el Juez de Garantía en la resolución que
se pronuncia sobre las medidas cautelares solicitadas, por haber sido obtenidos con infracción
a las garantías fundamentales (19 número 7 derecho a la libertad ambulatoria) y lo mismo ocurre
con aquel material probatorio derivado causalmente de la ilicitud de base o “prueba derivada”
(Hernández Basualto, La Exclusión de la prueba ilícita en el Proceso Penal Chileno, Colección de
Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, 2004, p. 76), es decir, cuando entre el
acto original espurio y la prueba cuestionada por su derivación de éste, exista una relación evidente
e inmediata, de modo que la prueba se haya obtenido verdaderamente gracias a la prueba
contaminada y no a resultas de otros procedimientos investigativos (Zapata, Francisca en“La
Prueba Ilícita”, pg. 29, Editorial LexisNexis, 2004; y también en Tavolari, Raúl en “Instituciones del
Nuevo Proceso Penal”, pg. 154 ss, Editorial Jurídica de Chile, 2005.), como ocurre en los casos
de “prueba independiente” o “teoría del cauce independiente” en donde la prueba derivada tiene
su origen en otra de carácter lícito, o bien en los casos de descubrimiento inevitable en donde
conforme al estado concreto de la investigación, valorados conforme a un criterio ex ante, el material
probatorio hubiere sido obtenido inevitablemente, con una seguridad rayana en la certeza,
dentro de corto tiempo y en la misma condición a través de otro curso causal que ya había sido
puesto en marcha con independencia de la actividad declarada ilegal.