Seminario: Agenda corta antidelincuencia - Defensoría Penal Pública

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Extensión
134. Es un problema de la técnica de remisión lo que fue un error la
ley de responsabilidad procesal juvenil debió haberse remitido sin
más al Código Procesal Penal y no haber hecho esta cosa rara. Me
remito en algunas cosas y en otras cosas, no. En esa remisión 134,
a mi juicio no tengo siquiera aquí ni la ley responsabilidad juvenil,
en esa forma de remisión 134 a mi juicio quedó fuera. No debe ser
aplicado.
Comentario de Mauricio Rettig:
Se me quedaba un punto en el tintero, respecto de la afirmación del
profesor Hernández en orden a que la audiencia de control de la detención
sea tomada por las Cortes de Apelaciones. No comparto esa
posición por las siguientes razones. Me parece que en el sistema inquisitivo,
el recurso de apelación en contra de la resolución que sometía
a proceso al reo y que decretaba la prisión preventiva, se justificaba
por el hecho de que en el sistema antiguo el Juez del Crimen era juez
y parte, investigaba y a la vez resolvía. Por lo tanto, el hecho de que
la Corte de Apelaciones conociera de la resolución judicial de primera
instancia evidentemente era una garantía del reo. Me parece que seguir
debilitando las funciones del Juez de Garantía que precisamente
está para cautelar el debido proceso durante la etapa de investigación
y de preparación del juicio oral, restándole el control de legalidad de
la detención para entregárselo a la Ilustrísima Corte de apelaciones es
un error, máxime si se considera que estamos en presencia de un Juez
especializado en el área y ante Cortes de Apelaciones que conocen de
todas las materias.
Lo que sucede es que el recurso de apelación respecto de la resolución
que declara la ilegalidad de la detención no debiera ser procedente y la
Agenda Corta Antidelincuencia hierra en esta modificación, por cuanto
solo se centra en la idea de que determinados imputados quedaron en
libertad y no en la corrección o incorrección de la resolución que declaró
la ilegalidad de la detención en consideración a la protección de
las garantías fundamentales en el marco de un Estado Democrático de
Derecho, esto es, pareciera ser que para el legislador solo importa la