Seminario: Agenda corta antidelincuencia - Defensoría Penal Pública

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Extensión
cunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, resulta exigible
que el sujeto activo hubiere sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada
a la fecha de comisión del nuevo hecho que se juzga.
En efecto, mientras la sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada
siempre existe la posibilidad de que el sujeto sea absuelto en el proceso
penal desapareciendo con ello el presupuesto de la agravación.
Además, mientras el sujeto no fuere condenado por sentencia firme y
ejecutoriada rige a su respecto la presunción de inocencia propia de
un debido proceso en un Estado democrático de derecho, por cuanto
de anularse la sentencia definitiva y el juicio oral deberá llevarse a cabo
un nuevo juicio oral en el cual seguirá rigiendo respecto del acusado la
presunción de inocencia.
Que la sentencia esté firme y ejecutoriada a la época de comisión del
hecho resulta exigible toda vez que la circunstancia comentada se fundaría
en el hecho de que pese a que el sujeto fue objeto de reproche
penal, este no sirvió para disuadirlo de cometer nuevos delitos.
b) Que hubiere sido condenado por dos o más delitos de distinta especie.
Exige la comisión previa de más de un delito, dos o más, lo que se
ve confirmado no solo por el empleo del plural en el texto, sino además
por el artículo 92, que al hacer referencia a la reincidencia precisa en
su número 2 que debe tratarse de dos o más delitos, los que pueden
ser crímenes o simples delitos, aun cuando no hayan sido materia de
distintas sentencias.
c) Que la pena asignada a estos delitos sea igual o superior al nuevo
delito perpetrado. La gravedad se enjuicia en abstracto, esto es atendiendo
a la sanción conminada en la ley y no a la que en concreto aplicó
la sentencia.
En cuanto a la circunstancia del artículo 12 número 16 (reincidencia
propia específica), deben concurrir los siguientes elementos: a) Que el
sujeto haya sido condenado anteriormente. Lo cual exige lo mismo que
en el caso anterior, es decir, que el sujeto activo hubiere sido condenado
por sentencia firme y ejecutoriada a la fecha de comisión del nuevo
hecho que se juzga.