Seminario: Agenda corta antidelincuencia - Defensoría Penal Pública

SEMINARIO: AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA
de ese aspecto básico, las cuestiones problemáticas eran fundamentalmente
las siguientes:
En primer lugar se discutía sobre las sanciones aplicables a los aprehensores.
Rápidamente se despejó la posibilidad de que la declaración
de ilegalidad implicara automáticamente un pronunciamiento sobre las
posibles responsabilidades penales del artículo 148 del Código Penal,
lo que, por lo demás, sirvió para superar uno de los principales escrúpulos
contra una declaración explícita de ilegalidad. Como fuera, en
los casos en que el tribunal entiende que concurren antecedentes que
podrían tener relevancia criminal, tratándose del caso normal en que
los aprehensores son funcionarios policiales, la competencia que sobre
éstos tiene la justicia militar obliga a que se remitan los antecedentes
a los órganos de la misma. En la práctica esto ocurre con muy poca
frecuencia, lo que puede ser comprensible atendido que en sus límites
concretos el concepto de flagrancia es apenas manejable -no ya sólo
para funcionarios policiales en situaciones apremiantes, sino también
para juristas- sugiere la existencia de un asunto pendiente en materia
de mecanismos adecuados de control y atribución de responsabilidad
por el eventual abuso policial. Precisamente este aspecto pendiente no
fue abordado por la “Agenda Corta Antidelincuencia”.
La segunda cuestión discutible era si no obstante declararse ilegal la
detención, podía en la misma audiencia tener lugar la formalización de
la investigación, con su secuela lógica que es el debate sobre medidas
cautelares personales, o si, por el contrario, el imputado debía ser
liberado inmediatamente y citado a una audiencia con fines de formalización.
La opinión dominante -a la cual personalmente adhería- estaba
por la primera solución, no sólo por razones de “economía procesal”,
sino sobre todo entendiendo que la formalización estaba prevista como
posibilidad para todos los casos en que se celebrara la audiencia prevista
en el artículo 132, que no es, como he dicho, una audiencia distinta
de la control de detención, sino que precisamente es la audiencia
de control de detención. Ésta era también la interpretación abrumadoramente
mayoritaria en la práctica judicial.
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La detención declarada ilegal y sus consecuencias sobre las medidas cautelares y el régimen de exclusión de la prueba