PROYECTOS DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO - PAHO/WHO

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El ICAA tiene responsabilidad nacional sobre la construcción y explotación de sistemas destinados a suministrar
agua potable y disponer de aguas negras. En forma similar a la CCSS, posee las características de un ente descentralizado
del Estado, lo que supone autonomfa administrativa y financiera. Sin embargo, ambas instituciones, al igual que
otros entes configurantes del lector público, son gerenciadas por presidencias ejecutivas las cuales, con el debido apoyo
de las juntas directivas, se ocupan de dirigirlas según los lineamientos expresos que al efecto determine el Gobierno de
la República.
El marco legal para la prestación de servicios de salud está fundamentado en la Constitución Política y en
múltiples leyes y decretos, entre los cuales se destacan los siguientes:
Artfculo 73 de la Constitución Polftica que establece los seguros sociales en beneficio de los trabajadores.
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que define el tipo de prestaciones o servicios, y que
mediante reforma a ésta en la Ley No. 4750, en su Artfculo 3o., regula su universalización por etapas; primero a todos
los trabajadores y sus dependientes que ganan sueldo o salario sin lfmite de suma, o extensión vertical; luego,
extendiendo progresivamente sus servicios a todo el pafs, o extensión horizontal; y finalmente, participando en la atención
médica a los indigentes, o universalización. Así qued6 la institución facultada para brindar servicios a toda la
población.
Ley de Traspaso de Establecimientos Médico-Asistenciales al Seguro Social (Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973)
que amplía sus recursos humanos, materiales y financieros para que extienda sus servicios a toda la población mediante
un solo servicio de atención médica integral. La Caja queda obligada a prestar atención médica asistencial a la población
asegurada y no asegurada al asumir los establecimientos traspasados.
Ley General de Salud (Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973) que confiere los derechos necesarios para obtener y
conservar el mejor nivel posible de salud y regula su aplicación y las actividades de los individuos y de las empresas
en el campo de la salud.
Ley Orgánica del Ministerio de Salud (Ley No. 5412 del 8 de noviembre de 1973) que, además de las funciones de
rectorfa del sector, le asigna las de realizar acciones de salud en materia de medicina preventiva, realizar las actividades
que tiendan al mejoramiento y conservación del medio ambiente con miras a la protección de la salud y a otorgar
las prestaciones de asistencia médica a través de los organismos creados al efecto y otras. Además, expresa la estructura
mediante la cual las unidades administrativas constituyentes de la institución se organizarán, asf como las actividades
de competencia de cada una de ellas.
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley No. 5662 de enero de 1976) que establece un fondo en
beneficio de los costarricenses de escasos recursos económicos, tanto a través del financiamiento de programas y
servicios sociales que complementan el ingreso de las familias pobres, tales como el Programa de Nutrición, Salud Rural,
Salud Comunitaria y otros del Ministerio de Salud, Instituto Mixto de Ayuda Social y otras instituciones, como a través
del financiamiento de un programa de pensiones por monto básico dentro de un régimen no contributivo. Financia, además,
programas de atención de ancianos, el programa de investigación, enseñanza y servicios del Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, y programas de capacitación y de colonización, definiendo y financiando
la ejecución de una polftica social multisectorial.
Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que le asigna las funciones de
administrar, dirigir, planear, diseñar, construir, mantener y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua
potable a todos los habitantes de la República, y las de recolección, tratamiento y disposición de aguas negras, servidas
y pluviales.
La infraestructura de establecimientos para brindar servicios de salud al 31 de diciembre de 1979 es la siguiente:
a) Ministerio de Salud: 75 centros de salud, 351 puestos de salud, 36 centros infantiles de atención integral, 6 centros
rurales de asistencia, 547 centros de educación y nutrición, 1 hospital general, 28 clínicas dentales escolares, 50 unidades
moviles de odontología, 18 establecimientos del Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1 Clfnica de Recuperación
Nutricional y 235 áreas de salud comunitaria; b) Caja Costarricense de Seguro Social: 27 hospitales y 82 centros de
salud.
El programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se disenó para atender cuatro grandes subprogramas
identificados como a) salud, alimentación y nutrición; b) asentamientos campesinos y mejora de la vivienda rural; c)
capacitación y divulgación; d) régimen no contributivo de pensiones y extensión de los seguros de enfermedad y maternidad
a los trabajadores independientes. Para la ejecución coordinada de los distintos subprogramas y las actividades que los
constituyen, existen mecanismos formales a nivel inter e intrainstitucional.
Por cuanto la totalidad de la capacidad instalada del sector se encontraba hasta 1972 limitada a las localidades
con más de 2,000 habitantes, la cobertura de los servicios de salud para la población rural y la rural dispersa fue
prácticamente nula hasta ese año. Esta situación se ha modificado mediante las estrategias del Programa de Salud Rural,
que en su proyección futura se constituye en el Programa de Atención Médica Básica.
En 1979 el Programa de Salud Rural atendió a 717,500 personas, 95.7% de la población en su área de referencia,
cuenta con 351 puestos de salud, sirve a 4,018 comunidades y 160,976 viviendas, y cubre una extensión de 40,550 kilómetros
cuadrados (79.7% del territorio del país). Se realizan tres visitas anuales por casa. El programa prevé cinco
visitas.
En la programación de cobertura de áreas urbanas se ha introducido un cambio fundamental en el sentido de considerar
la necesidad de llegar con servicios básicos de salud a toda la población de las ciudades de más de 2,000 habitantes.
Se dará prioridad en la etapa inicial a los grupos de más alta marginalidad y de mayor concentración de
población.