(amicus curiae brief). - Juventud Rebelde

del Parlamento Flamenco de Bélgica; el Senado Nacional y la Cámara de
Diputados de Bolivia; la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la
Cámara de Diputados del Congreso de Brasil; los presidentes de 24 Comisiones
Parlamentarias del Congreso Nacional de Brasil; 118 diputados y 14
senadores del Congreso Nacional de Brasil; 56 miembros del Parlamento
canadiense; el Parlamento ruso (la Duma Estatal); 39 senadores del Senado
de Italia, incluido el ex Vicepresidente del Senado y ex Presidente del Comité
Judicial; el ex presidente de la Cámara de Representantes de Japón; la
Asamblea Nacional de Mali; la Asamblea Nacional de Namibia; el Presidente
y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá y el Presidente
de su Comisión de Relaciones Exteriores; la Comisión de Relaciones Internacionales
de la Asamblea Nacional de Panamá; 27 diputados de la Cámara
de Diputados de Paraguay; el Congreso de Perú; 48 miembros de la
Asamblea Federal de Suiza; la Gran Asamblea Nacional del Grupo Parlamentario
de Amistad con Cuba de Turquía; y la Asamblea Nacional de
Venezuela.
RESUMEN DE ARGUMENTOS
Durante años la Constitución de los Estados Unidos ha servido de
modelo para el resto del mundo en lo que respecta a la protección de los
derechos individuales y la garantía del debido proceso legal en los procedimientos
penales. Sin embargo, a los Amigos de la Corte les preocupa el
hecho de que la trayectoria de este caso refleja graves violaciones de los
derechos de los demandantes en su juicio en Miami. Los demandantes
fueron juzgados en una comunidad hostil hacia ellos y hacia su gobierno,
en un ambiente donde apenas se reprime la violencia, lo cual hacía imposible
que se celebrara un juicio justo ante un tribunal imparcial.
Las normas internacionales y el imperio de la ley en todas las naciones
civilizadas exigen la celebración de un juicio ante un tribunal imparcial
como elemento esencial del debido proceso. El Grupo de Trabajo de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha llegado a
la conclusión de que el juicio de los demandantes violó el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. La misión histórica de la Constitución
de los Estados Unidos exige que este Tribunal revise este caso a fin
de garantizar que se cumplan los requisitos del debido proceso.
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