(amicus curiae brief). - Juventud Rebelde

procedimientos que ni añaden ni quitan derechos sustantivos al acusado
ni a la obligación del Estado de aportar pruebas. Más bien, contrapone
los derechos del acusado al derecho del gobierno a conocer
por adelantado las posibles amenazas a la seguridad nacional que
puedan resultar de un enjuiciamiento penal.
26. La fuente contestó que nunca había puesto en cuestión la validez de
la ley, sino su defectuosa aplicación. Dice que tras reunir 20.000 páginas
de documentos (ninguno de ellos clasificado) siguiendo esa pauta,
todos ellos documentos de los acusados, el Gobierno clasificó todas
y cada una de sus páginas de “alto secreto” como si se tratara de
documentos del Estado. Después el Gobierno invocó las disposiciones
de la Ley de procedimientos sobre información clasificada, que
permitió al Gobierno restringir el acceso de la defensa a los documentos
de la propia defensa y tener así bajo su control todas las pruebas
del juicio.
27. El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta todo lo anterior, debe decidir
si se han observado en este juicio las normas internacionales relativas
a un juicio justo. Así pues, no le compete pronunciarse en cuanto
a la culpabilidad de las personas privadas de libertad ni en cuanto a
la validez de las pruebas, y menos aún asumir las competencias del
Tribunal de Apelación que lleva la causa. A fin de contar con todos
los elementos de la causa, el Grupo de Trabajo hubiera preferido disponer
de la sentencia del Tribunal de Apelación; sin embargo, puesto
que la apelación se ha demorado, el Grupo no puede aplazar más la
opinión que se le ha pedido en lo que es del ámbito de su mandato.
28. De la información recibida, el Grupo de Trabajo entiende lo siguiente:
a) Tras su detención, y a pesar de haberse informado a los interesados
de sus derechos a guardar silencio y a contar con defensa de
letrado facilitada por la administración, se les mantuvo durante
17 meses en aislamiento, lo que afectó a la comunicación con sus
abogados y al acceso a las pruebas y, por ende, a su derecho a
una defensa adecuada.
b) Al clasificarse la causa como de seguridad nacional, se resintió
asimismo el acceso de los detenidos a las pruebas documentales.
El Gobierno no ha negado el hecho de que los abogados de la
defensa tuvieron un acceso muy restringido a las pruebas debido
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03/04/2009, 13:54