REVISTA PESCA JULIO 2014

Estado en materia ambiental.
El contenido de las disposiciones remitidas al Parlamento
supone un desmantelamiento de la débil y aun inicial
institucionalidad ambiental de la que se está dotando el
país con el propósito de fortalecer un modelo de desarrollo
sostenible y sustentable y garantizar una gobernanza
ambiental, objetivos inscritos en un vasto consenso
nacional de aprovechar para los peruanos de ahora y
mañana las enormes ventajas comparativas que significa
nuestra biodiversidad.
De aprobarse estas leyes sin modificaciones se concretará
un severo golpe al MINAM, un corte de brazos, reduciendo
sus facultades para establecer Áreas Naturales
Protegidas, para establecer los Límites Máximos Permisibles
(LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y
para sancionar a través del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) a quienes vulneren las
disposiciones ambientales.
La ofensiva contra la legislación ambiental es peligrosamente
más audaz; reduce a 30 días el plazo para la emisión
de las opiniones vinculantes y no vinculantes para
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), un período en
el que, de acuerdo con la experiencia, no es posible una
valoración técnica competente de un proyecto que implicará
daño ambiental. Del mismo modo, se pretende revertir
los afanes en el manejo territorial de las políticas
públicas al promover que no se asignen usos o exclusiones
de uso en virtud de la Zonificación Económica Ecológica
o el Ordenamiento Territorial.
Las medidas planteadas rompen el consenso ambiental
alcanzado desde la recuperación de la democracia y que
ha venido perfeccionándose con la creación de una institucionalidad
que requiere ser fortalecida. La creación del
MINAM, la OEFA, la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP), y el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE), han enriquecido nuestras políticas públicas y
dibujado un Estado más calificado para resolver las controversias
y conflictos sociales, y más amigo del diálogo
como un elemento de la inversión, especialmente la de
carácter extractivo.
Es cierto que el Estado necesita dinamizar las inversiones.
No obstante, como lo ha señalado el titular del MI-
NAM, la llamada “permisología” no se encuentra en su
sector debido a que el MINAM no aprueba los estudios
de impacto ambiental sino reside en la desarticulación
del espacio público y la demora de procedimientos por
exceso de trámites. Por esa razón, siendo justa y políticamente
correcto el interés de reactivar la economía y
encarar la desaceleración del crecimiento, estos propósitos
no se alcanzarán a costa del sacrificio de otros valores
e imperativos, los de equidad y justicia. Es preciso
recordar que el mundo está renunciando a un desarrollo
dañino del ambiente, ahora ya considerado un no desarrollo.
Fuente
http://www.larepublica.pe/politica/editorial-22-06-2014
Revista Pesca Julio 2014 64