Investigación en Ciencia Política - Facultad de Trabajo Social

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más paradigmático fue el Acuerdo Nación-Provincias durante la presidencia de Duhalde en
el año 2002, donde todos los gobernadores subscribieron este acuerdo en tanto constituía
uno de los requisitos sine quanon para el otorgamiento del denominado blindaje financiero
que finalmente otorgó el FMI al gobierno nacional. En una reunión con los gobernadores, el
presidente Duhalde amenazó a aquellos con dejar la presidencia si no firmaban este Acuerdo.
En semejante contexto, poco había para la negociación y la planificación a largo plazo.
La débil institucionalidad, que emerge como una fuerte característica de nuestro sistema
político, ha permitido a los actores en juego la instauración de un importante número
de instituciones informales —no siempre acordes con el orden constitucional— produciéndose
una sustitución de reglas formales por reglas informales, inaugurando una situación
de anormalidad institucional. Los actores han podido desenvolverse como verdaderos free
riders, cuyos comportamientos se han caracterizado por el oportunismo y el clientelismo
mutuos (desde el gobierno nacional hacia las provincias y viceversa). En la mayoría de
los casos, los acuerdos arribados han sido más bien acuerdos de emergencia que verdaderos
acuerdos de largo plazo, y entre éstos hemos podido observar que no sólo no se han
cumplido cabalmente, sino que incluso algunos de estos acuerdos contrarían directamente
las disposiciones constitucionales en materia de coparticipación. Por ejemplo, el Acuerdo
Nación-Provincias de 2002 dejó sin efecto la cláusula de la garantía del piso mínimo que
establecía la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos¹ cuando la Constitución
Nacional expresamente establece que
la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta
reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la
sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de
coparticipación. (Cláusula Transitoria Sexta.)
El principal actor free rider ha sido el gobierno nacional. Un caso donde ha quedado
de manifiesto, ha sido en el proceso de transferencia de los servicios de salud y educación
hacia las provincias, el cual terminó efectuándose sin la correspondiente asignación de los
recursos necesarios para afrontar semejantes gastos. Las respuestas de las provincias a
estos comportamientos oportunistas han sido, en la mayoría de las veces, con más com-
14. Según la cual, «el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles
por esta Ley» (art. 7º).
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