31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica
funcionales entraban en un estado de latencia, y se trasladaba la resolución de los conflictos
o de las medidas onerosas para atenderlos al erario público. En este sentido, se ha
entendido tanto en servicios sociales o en educación antes como en los últimos tiempos
en sanidad que las reivindicaciones salariales pendientes del colectivo de empleados públicos
tendrían su satisfacción después del traspaso. El agravio comparativo tenía, además,
fundamentos sólidos, pues los profesionales traspasados a las Administraciones Territoriales
gestoras obtuvieron notables incrementos salariales, que ponían sus retribuciones
globales en el entorno del 125% de las correspondientes a los puestos similares
en la administración periférica del Estado o de la Seguridad Social.
Por término medio, en el primer año desde el traspaso, los acuerdos salariales suscritos para
todos los empleados públicos, estatutarios, funcionarios y laborales han supuesto, tanto para
los profesionales de la sanidad como antes para los de la educación y los servicios sociales,
incrementos retributivos en torno a los dos mil euros anuales, con lo cual buena parte de los
recursos adicionales obtenidos por la Comunidad Autónoma (con motivo del cálculo de la
masa de financiación en el año base, de la negociación del decreto de traspaso, o simplemente
de la reorientación presupuestaria de créditos no comprometidos pero incluidos en el decreto
de traspasos) han tenido como único destino el incremento de las retribuciones de los
empleados públicos, lo cual viene a satisfacer los mínimos garantizados en el Sistema, y han
dejado poco margen para otras partidas.
Los costes del Capítulo I de Personal son en el Sistema sanitario la mitad de los costes
generales, lo que normalmente juega del lado de la moderación del incremento de costes
del sistema, debido a las medidas de contención de los salarios de los empleados públicos.
En este caso, sin embargo, las medidas tomadas sobre el conjunto de la plantilla disparan
el Presupuesto. La situación descrita se agudiza porque, en paralelo al traspaso de medios
y servicios que ha afectado sólo a algunas CC AA, en todas se está culminando en estos
momentos el proceso de consolidación y funcionarización de empleados públicos interinos,
lo que también generará costes directos e indirectos. Aunque la Administración del Estado
se ha comprometido a hacer frente a los compromisos que tengan origen en su esfera de
competencias, y al final los órganos de gestión territorial obtendrán de una forma u otra la
revisión del coste efectivo con que se produjeron los traspasos, es evidente que una parte
de los costes de esta operación repercutirá en el traspaso y, a medio plazo, en los gastos de
los gestores territoriales.
Un problema estructural esencial lo constituye la evolución del gasto farmacéutico, que en
los últimos veinte años ha crecido por encima de la media del crecimiento del gasto total
todos los ejercicios, y que por consiguiente gana peso en el conjunto del sistema, drenando
un volumen importante de recursos públicos que dejan de ser utilizados en otros procesos
y componentes del Sistema, e incluso justificando privatizaciones y pérdidas de control
público pretendidamente “necesarias” ante el incontenible crecimiento de los gastos. De la
magnitud del problema nos ilustran los datos de la siguiente tabla, que únicamente refleja
el crecimiento de la aportación del Estado al gasto farmaceútico.
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