31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica
les se vuelcan en el ordenamiento jurídico español con una dificultad añadida: la existencia
de un Estado legislador sin obligaciones de gasto, y el insuficiente desarrollo de
las fórmulas de lealtad institucional o lealtad fiscal.
Los consumidores, la opinión pública, el desarrollo tecnológico, los intereses económicos de
las empresas y corporativos de los profesionales son factores que incentivan la aparición de
nuevas prestaciones y procesos, de nuevos servicios, a través de mecanismos que se retroalimentan
y en los que la existencia de una Administración con competencias normativas, pero
sin obligaciones ni compromisos de gestión, puede ser un instrumento amplificador, tal y
como ha sucedido ya con la enseñanza obligatoria o con los servicios sociales (legislación
sobre menores o extranjería), imponiéndose obligaciones a las CC AA sin la adecuada responsabilidad
de quien pone en marcha las actuaciones.
La cuestión de quién debe asumir la responsabilidad de financiar las nuevas actuaciones
no está resuelta en el Sistema de Financiación. En efecto, el Acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001 despacha la espinosa cuestión de la
lealtad fiscal con una fórmula curiosa: “... la adopción de medidas de interés general puede
hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas obligaciones de gasto no previstas a la
fecha de aprobarse el Sistema de Financiación. Por todo lo anterior, se propone que, anualmente,
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas realice
un informe que, a tal efecto, preparará un Grupo de Trabajo del mismo Consejo, sobre las
consecuencias derivadas de las actuaciones del Estado legislador tanto en materia de ingresos
como de gastos.” Es decir, se reconoce un hecho patente (van a imponerse a las CC
AA obligaciones de gasto nuevas) y se pone en marcha un posible procedimiento para resolver
el eventual conflicto financiero. En muy similares términos se incorpora este precepto
al artículo 2,1 e) de la LOFCA, Ley 8/1980 40 .
Por su parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud transcurre por la
misma senda de indefinición. Así, cuando en su artículo 10 expone los criterios normativos
sobre la financiación, comienza con una afirmación taxativa, atribuyendo la responsabilidad
a las CC AA, para acabar invocando los acuerdos autonómicos y el mencionado art. 2,1 e) de
la LOFCA, y reconociendo que, cuando se produzca una nueva inclusión en el catálogo de
prestaciones del Sistema, se elaborará una memoria y el Consejo de Política Fiscal decidirá 41 .
40
Recientemente, el Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya recordaba que había al
menos 13 leyes en el Parlamento Español con claras repercusiones financieras para las Comunidades Autónomas.
41
“Art. 10. Financiación
1. Las prestaciones que establece la presente Ley son responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas
de conformidad con los acuerdos de transferencias y el actual sistema de financiación autonómica, sin
perjuicio de la existencia de un tercero obligado al pago. Las Comunidades Autónomas deberán destinar a
la financiación de dichas prestaciones los mínimos previstos en la Ley 21/2001 de 27 de diciembre. Los
sistemas de garantías que prevé esta Ley son asimismo responsabilidad financiera de las Comunidades
Autónomas.
41