31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica
Los principios básicos mencionados, que se incluyen en leyes específicas o, como ocurre
en Canadá, son objeto de una negociación expresa entre la Administración Central y la
de las Provincias, se refieren a cuestiones tales como la aplicación del principio de equidad,
entendido como igualdad básica en el acceso a los servicios sanitarios, la cobertura
universal (a todos los ciudadanos y de manera uniforme) de servicios en todo el territorio
y de carácter completo, la administración pública de los planes sanitarios, compatible con
la producción privada de distintos tipos de servicios, la gratuidad esencial y accesibilidad,
y la garantía de coordinación interregional.
La aceptación de tales principios implica su concreción en una ley expresa o en un acuerdo
que deben ser objeto de aplicación. Para asegurar su cumplimiento en algunos países
se establece un sistema de garantías con frecuencia sustentado en el mantenimiento de
una participación significativa en la financiación por parte del gobierno federal o central,
como un mecanismo de supervisión y control del sistema. Así sucede, por ejemplo, en el
caso de Italia, con el Fondo Sanitario Nacional o en Canadá, con la transferencia de nivelación
de servicios sociales y sanitarios, CHST (Canadian Health and Social Transfer).
La existencia de esos recursos centrales permite intervenir a los gobiernos federales con
la finalidad de asegurar el mantenimiento de la universalidad y la equidad de los sistemas
sanitarios respectivos.
En algunos casos, como sucede en Canadá, la aprobación de los principios implica incluso
que, en caso de su incumplimiento por parte de alguna de las provincias, ésta será penalizada
a través de la minoración de la transferencia prevista a estos efectos.
Otro rasgo de los sistemas sanitarios en la mayoría de los países, y también en el caso
de los países descentralizados, se refiere a la necesidad de buscar ingresos complementarios
para asegurar la suficiencia del sistema. Las dificultades para allegar los
recursos suficientes dan lugar a situaciones de verdadero racionamiento de las prestaciones.
Cuando no se dispone de los recursos necesarios para atender adecuadamente
los objetivos del sistema, una posibilidad es acudir a mecanismos de financiación
privada. Este es el sentido de la extensión de los sistemas de copago, aplicados a la
financiación de los productos farmacéuticos o a la cobertura de otras prestaciones sanitarias.
En cierto modo, y así se plantea en algunos países, el sistema de copago puede justificarse
ante la necesidad de completar la financiación de la sanidad mediante la aplicación de
ingresos basados en el principio del beneficio. A la crítica de la privatización y de ruptura de
los elementos esenciales de la financiación pública se suele oponer el hecho de que algunos
colectivos utilizan determinados servicios que podrían financiar por sí mismos, al menos
parcialmente, sin grandes dificultades, de modo que incluso desde criterios de equidad
podría tener sentido la aplicación de mecanismos de copago. Como es obvio, cuando se
plantean los sistemas de copago como sistemas complementarios de financiación, se
proponen diversas cautelas para evitar que se rompa el principio de igualdad de acceso.
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