31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell y Octavio Granado Martínez
razonable un Impuesto sobre la venta minorista de bebidas alcohólicas, tabaco, la elaboración
y difusión de mensajes publicitarios de bebidas alcohólicas o de labores del tabaco,
mientras se mantenga este tipo de consumos? 57
De la misma forma, parece razonable a la luz de los sistemas comparados, que los gestores
territoriales dispongan de alguna capacidad para imponer exenciones de la bonificación
existente a una determinada cuantía del gasto farmacéutico en un año (por ejemplo,
para las personas con un nivel mínimo de ingresos, pensionistas o no, la obligación de
pagar el 100% de los primeros 50 ó 100 euros cada año), en un momento en el que las
tarjetas sanitarias pueden acumular sin demasiados problemas técnicos información de
este tipo.
En cuanto a los recursos aportados al Sistema por el Estado, desde nuestro punto de
vista, el incremento de la presión fiscal sobre el tabaco, que vendrá impuesto a pesar
de la tenaz oposición del Gobierno español tanto por la armonización europea como
por la presión de los organismos internacionales (que acaban de asestar un golpe a la
publicidad y han proclamado la clara relación inversa entre precio y consumo), puede
permitir la obtención de recursos adicionales con los que financiar las asignaciones de
nivelación, las revisiones de coste efectivo consecuencia de medidas de estabilización
de los empleados públicos, la extensión de los servicios de emergencia, nuevos traspasos,
etc.
Para el Estado, estos recursos adicionales deberían permitir la puesta en marcha de un
Fondo de Acciones Sanitarias, que puede llamarse “de cohesión”, pero que no debe mezclarse
con la subvención a los gastos ocasionados por pacientes desplazados.
Este Fondo asumiría en el Sistema español funciones similares a la transferencia de recursos
del programa sociosanitario canadiense (Canada Health and Social Transfer), permitiendo,
mediante la concertación de inversiones o de programas con las CC AA, la atenuación
de los desequilibrios territoriales, aunque también podría asumir funciones de
otra naturaleza como:
– la financiación de la parte estatal de lo que la Ley de Cohesión llama, sin aclarar su
financiación, “planes integrales” y siempre en la Administración Española se llamaron
“planes concertados”, que definen fórmulas de cofinanciación para la extensión concertada
de determinados servicios o prestaciones;
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La aplicación de este tipo de figuras con carácter finalista ha sido objeto de una abundante literatura y ha
tenido una cierta acogida en la jurisprudencia de los tribunales europeos a pesar de la relativa contradicción que
implica utilizar estos tributos con la doble finalidad de desincentivar su consumo y financiar el creciente gasto
sanitario. Si la primera función se cumple, la segunda se vería limitada en términos de recursos, aunque cabría
esperar que el gasto sanitario también se redujera.
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